SANTIAGO.- Tras un año de la denuncia sobre el caso de las indemnizaciones en empresas públicas, los diputados de Renovación Nacional, Baldo Prokurica, Arturo Longton y Lily Pérez, aseguraron hoy tener "fundadas sospechas" que con ese dinero se solventaron campañas políticas de la Concertación.
La diputada Pérez acusó al gobierno de actuar con "tibieza en materia de corrupción", ya que a un año de conocido el caso no ha habido resultados ni existen personas detenidas, pese a que se presentaron querellas y hay nueve proyectos legislativos destinados a impedir hechos de corrupción.
En este sentido, añadió que resulta paradójico que mientras se le puso suma urgencia a un proyecto para cambiar el nombre de un aeropuerto en el sur del país, no se haya actuado con igual prontitud para aprobar la iniciativa que entrega mayores recursos y atribuciones a la Controlaría General de la República para su labor fiscalizadora.
Ello, porque -según explicó- en el Presupuesto para el 2002 se aumenta en un 1,03 por ciento los recursos a la Controlaría, mientras que a la secretaría general de Gobierno se le aumenta en un 299,44 por ciento, lo que en opinión de la diputada demuestra que el gobierno tiene las prioridades equivocadas.
Por su parte, el diputado Longton subrayó que "la maquinaria estatal y la forma en que se conduce el gobierno, obviamente sigue siendo una oportunidad propicia" para que vuelvan a ocurrir situaciones como las de las indemnizaciones estatales.
Agrego que no hay "propósito ni voluntad política" para evitar que estos hechos se repitan y criticó la "actuación vergonzosa que en este tema, a su juicio, ha tenido el Consejo de Defensa del Estado, con una "actitud blanda y permisiva".
Por último, el diputado Prokurica instó al gobierno, en particular al Presidente de la República a que modifique las cifras del presupuesto para el 2002 y lo llamó a poner urgencia a los proyectos de ley destinados a controlar "la corrupción".
