SANTIAGO.- Los militares chilenos cuya captura fue solicitada hoy por un juez francés que investiga la desaparición de personas de esa nacionalidad, dijeron que no reconocen la jurisdicción a tribunales extranjeros.
El juez Roger Le Loire, que instruye la causa por la desaparición de cinco franceses durante el régimen militar chileno, emitió quince órdenes internacionales de detención contra ex agentes de la desaparecida DINA.
Entre los inculpados por Le Loire figura Manuel Contreras, que fue jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Pedro Espinoza, que fue su lugarteniente, el general en retiro Eduardo Iturriaga y Paul Schaefer, que dirigió un enclave alemán donde fueron secuestrados opositores a la dictadura.
Manuel Contreras recibió en julio pasado por oficio un exhorto enviado por el juez francés con 12 preguntas sobre las cinco desapariciones, las que se negó a contestar al tiempo que dejó constancia en el escrito que no reconocía jurisdicción a ningún tribunal extranjero.
En declaraciones a EFE, los abogados Juan Carlos Manns y José Luis Sotomayor, que defienden a algunos de los inculpados, negaron hoy las atribuciones del magistrado francés en este caso.
"Nuestros defendidos no reconocen jurisdicción a la justicia francesa", dijeron ambos profesionales.
Juan Carlos Manns, abogado del ex jefe de la DINA, subrayó que siempre prima el principio de la "soberanía jurídica que tiene cada país".
Agregó, además, que no hay ningún tribunal penal internacional que esté requiriendo a estas personas y que, si así fuera, Chile tendría que haber firmado y ratificado la convención que le dio nacimiento.
Por lo tanto, a su juicio, es imposible que, como han señalado fuentes judiciales en París, los imputados por "presunto secuestro con torturas", puedan ser juzgados en rebeldía.
"Si acaso fueran juzgados y procesados en rebeldía, significa que no hay un debido proceso", remarcó el abogado del ex jefe de la policía secreta de Augusto Pinochet.
José Luis Sotomayor, abogado del brigadier en retiro José Zara, coincidió con estas apreciaciones y agregó que el secuestro (desaparición) no es a su juicio un delito de lesa humanidad sino estrictamente de orden penal.
En ese contexto, reafirmó que "en este caso prima la jurisdicción de cada país y no de tribunales extranjeros".
Por el lado de los querellantes, la Agrupación de Familiares de Detenidos desaparecidos (AFDD) reaccionó con alegría ante la decisión del juez Roger Le Loire.
"Esta es una muy buena noticia y una resolución muy importante que puede contribuir a que en este país se imite ese ejemplo", dijo Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación.
Según Díaz, se trata de crímenes contra la humanidad cometidos contra ciudadanos franceses que "no prescriben ni pueden ser amnistiados" y frente a los cuales "el Estado chileno tiene la obligación de responder".
Agregó que la resolución va a ayudar a que la Corte Suprema revierta el sobreseimiento temporal dictado contra el ex dictador Augusto Pinochet en el caso "Caravana de la Muerte" y acoja el recurso de casación interpuesto por los querellantes contra el cierre del caso.
Para la vicepresidenta del organismo, Mireya García, el dictamen del juez francés "demuestra que el derecho internacional se sigue imponiendo y que los violadores de los derechos humanos en definitiva nunca van a poder vivir tranquilos".
García agregó a EFE que hay países "donde la justicia se ejerce más allá de las coyunturas políticas, de las presiones y de los acuerdos de procesos de transición".
El juez Roger Le Loire investiga desde 1998 la desaparición de los chileno-franceses Alfonso Chanfreau, Etienne Pesle, Georges Klein, Jean-Ives Claudet Fernández y René Amiel Baquet.
