SANTIAGO.- Parlamentarios podrían acusar constitucionalmente al ministro del Interior, José Miguel Insulza, porque en su oportunidad no coordinó a las policías para una actuación más precisa y rápida que ayudara a determinar el móvil del delito en Alto Hospicio y el responsable de estos hechos.
El jefe del Gabinete tiene atribuciones para ello en virtud de la ley, razón por la cual los diputados podrían perseguir las responsabilidades políticas del secretario de Estado.
Así lo manifestó a ORBE el Abogado Fidel Reyes, quien agregó que esta acusación constitucional también debiera extenderse a los ministros de la Corte de Apelaciones de Iquique, "de momento que ellos, con su conducta han infringido disposiciones del Código Orgánico de Tribunales, de tal suerte entonces que, frente a la situación de Alto Hospicio, de suyo grave, hay responsables y éstos están radicados en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial".
El profesional, junto con señalar que José Miguel Insulza no cumplió con su atribución de coordinar a Investigaciones y Carabineros para una actuación más precisa en el caso de las niñas desaparecidas de Alto Hospicio, dijo que el ministro ha faltado gravemente en la no observancia de las atribuciones que la ley le otorga frente a un tema directamente vinculado a la seguridad ciudadana y que es "gravísimo".
En cuanto a la Corte de Apelaciones de Iquique, resaltó que "el Código Orgánico le atribuye a las cortes en general la facultad disciplinaria y la supervigilancia de los jueces de solicitar visitas para interiorizarse del ritmo de las investigaciones y de los respectivos resultados, lo que jamás pidieron".
Fidel Reyes llamó a "no olvidar que las denuncias de estos hechos comenzaron en el año 1999 y recién ahora se ha sabido por un azar de lo que ocurrió".
Consultado sobre qué implicancia puede tener una acusación constitucional para el ministro del Interior, el jurista sostuvo que si ésta es aprobada en la Cámara de Diputados, de inmediato pasa al Senado, instancia a la que le compete resolver.
Si la acepta, añadió, y si hay comisión de delito, los antecedentes pueden pasar al Juzgado del Crimen y por supuesto se le hacen efectivas las responsabilidades políticas y administrativas, lo que significaría que debiera abandonar el Ministerio.
