SANTIAGO.- El gobierno dará carácter de suma urgencia al proyecto de ley para limitar el gasto electoral, buscando de esta forma hacer transparente la procedencia y los montos con que se financian las campañas políticas.
Así lo anunció el ministro secretario general de la Presidencia, Alvaro García, luego de recibir a los senadores DC Jorge Pizarro y Mariano Ruiz-Esquide, quienes acusaron supuestas prácticas de cohecho en que estarían incurriendo dos candidatos al Senado del Partido Por la Democracia (PPD) y la Unión Demócratab Independiente (UDI), en la Primera Región.
Se trataría del actual diputado UDI, Jaime Orpis y del empresario del PPD, Fernando Flores, quienes según afirmaron los legisladores estarían realizando campañas millonarias, cuyo monto superarían 3.000 millones de pesos.
En ese sentido, Pizarro precisó que Flores aclaró que los dineros con que costea su publicidad salen de su propio patrimonio, pero que Orpis no está en la misma situación, "ya que no ha dejado claro de dónde provienen los recursos que está invirtiendo".
"El país tiene derecho a preguntarse a quién va a obedecer este señor si sale elegido parlamentario. Es decir, la gente tiene derecho a saber si estamos eligiendo parlamentarios o funcionarios de grupos económicos o empresas determinadas", enfatizó el legislador.
Junto a ello, sostuvo que los montos que se están invirtiendo en la actual campaña parlamentaria superan los 1.000 millones de dólares, recursos que podrían financiar 100.000 empleos de emergencia por seis meses.
Asimismo, acusó a estos dos aspirantes al Congreso de eventualmente incurrir en prácticas de cohecho, al pagar a electores por garantizares su voto, teniendo además una alianza para intercambiarse información al respecto.
El proyecto enviado por el Gobierno, que ya cuenta con más de 60 indicaciones por parte de los parlamentarios, incluye cuatro áreas específicas referidas a limitar el gasto electoral: obligar a declarar el origen de los recursos, que los financistas donen cantidades determinadas y a que cualquier ciudadano pueda denunciar la transgresión de estas normas al Servicio Electoral.
"Creemos que en el actual escenario económico, el gasto electoral excesivo es una falta de respeto a las familias que están sufriendo por la falta de empleo o por salarios bajos", enfatizó el ministro García.
Al referirse a las acusaciones que han formulado miembros de la UDI por una supuesta intervención electoral por parte del Gobierno, los parlamentarios de la DC argumentaron que el Presidente Ricardo Lagos y sus ministros tienen derecho de pedir el respaldo de la ciudadanía a los candidatos de su sector.
Ruiz-Esquide señaló que, bajo este parámetro, se podría acusar al alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, de intervención, ya que como funcionario público también recibe un sueldo del Estado y, sin embargo, apoya públicamente a los postulantes de la Alianza por Chile.
Por su parte, García sostuvo que ésta es una acusación sin fundamentos, ya que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo permanente por estar cerca de la gente.
"Creemos que ésa es la manera de gobernar, a lo mejor es algo que nos divide de la derecha que claramente cuando estuvo en el Gobierno, no sólo se distanció de la ciudadanía, sino que le prohibió participar", indicó.
