SANTIAGO.- El Congreso aprobó este miércoles dos convenios internacionales para perseguir y castigar actos terroristas o actividades relacionadas con su financiamiento realizadas dentro del territorio nacional.
Chile decidió adherir a los convenios de represión del terrorismo, diseñados por las Naciones Unidas, después de los atentados contra Estados Unidos ocurridos el 11 de septiembre en Nueva York y Washington, que dejaron casi 5.000 muertos.
Los acuerdos fueron refrendados por la unanimidad de los parlamentarios chilenos y ahora pasarán a manos del Presidente Ricardo Lagos para su promulgación.
La ministra de Relaciones Exteriores, Soledad ALvear, explicó que la suscripción de los tratados obliga a los países a contemplar los atentados con bombas y su financiamiento como delitos. "Facilitan las normas para investigar y someter a la justicia a los culpables y establecen normas más eficaces para la extradición y la asistencia mutua en materia penal", explicó Alvear.
El gobierno estadounidense solicitó a todos los países del mundo que persigan al que considera el principal sospechoso de los ataques a su país, el militante islámico de origen saudita Osama bin Laden y su red Al Qaeda.
Dentro de esa estrategia, ha hecho circular una lista con 30 personas que supuestamente han cooperado con actividades terroristas o su financiamiento.
Chile inició esta semana las pesquisas tendientes a dilucidar si existen en el país cuentas bancarias o bienes pertenecientes a los sospechosos. Sin embargo, la legislación local resguarda el secreto bancario, una medida que impide difundir información respecto a los movimientos financieros de particulares.
Uno de los convenios aprobados considera que los estados no podrán rechazar una petición de asistencia judicial fundada en el secreto bancario, sino que se comprometen a tomar medidas que exijan a las instituciones financieras la identificación de sus clientes y la detección de transacciones inusuales.
"Los países se comprometen a adoptar las medidas para la incautación de todos los fondos utilizados o asignados para cometer estos delitos, así como el producto obtenido de ellos", dijo Alvear.
"Desde el punto de vista operativo, esto obliga al estado de Chile a hacer modificaciones en nuestra legislación", añadió al personera.
El gobierno chileno prevé crear una unidad de inteligencia especial para investigar los movimientos financieros relacionados con el terrorismo y el narcotráfico.
Los acuerdos contemplan que los acusados de delitos terroristas no podrán ampararse en motivos políticos para evitar la extradición. "No podrá rechazarse un pedido de extradición o asistencia judicial fundado en estos motivos", dijo por último la canciller.
