SANTIAGO.- El ministro Secretario general de Gobierno, Claudio Huepe, aclaró este viernes que las gestiones que previamente realizó para aplazar el desalojo del partido Comunista de su sede de la calle San Pablo, nunca se refirieron a evitar el cumplimiento de la resolución emanada del Octavo Juzgado Civil de Santiago, a cargo de la jueza Pilar Aguayo.
De este modo, el vocero del Ejecutivo descartó las versiones de prensa referidas a que en dos ocasiones anteriores no se pudo llevar a cabo este procedimiento por la directa intervención del ministro del Interior, José Miguel Insulza.
"El Gobierno ha expresado su molestia por el hecho que no fue informado ni el alto mando de Carabineros, ni el gobierno. Yo estoy seguro que si el alto mando hubiese sido informado, se hubieran tomado medidas para llevar a cabo este procedimiento de manera más adecuada", agregó el secretario de Estado.
Asimismo, precisó que las acciones emprendidas por Insulza, a las que él mismo hizo alusión, se abocaron a devolver al Partido Cominista (PC) parte de los bienes que esta colectividad poseía antes de 1973 y no a impedir el cumplimiento de la resolución judicial.
En ese sentido, Huepe consideró que este tipo de informaciones son un agravio no sólo a los miembros del Ejecutivo, sino que a Carabineros y el Poder Judicial.
