SANTIAGO.- Un panorama dividido prevé el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Arturo Longton, con vista a la ratificación del tratado sobre el Tribunal Penal Internacional (TPI), pues las conversaciones informales que se han sostenido entre los diputados del partido difieren de las del Instituto Libertad (ligado al partido), que piensa que muchas de las objeciones que se hicieron a la iniciativa, en 1999, están "subsanadas".
"Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra y falta que nos reunamos formalmente para que se nos explique en detalle en qué consiste, por lo que es incierta nuestra posición", señaló Arturo Longton, tras lo cual precisó que cuando ello ocurre, suele darse "libertad de acción", porque este es -a su juicio- un tema valórico, de conciencia.
Sin embargo, su opinión personal, "que no necesariamente representa a la bancada o al partido", es que el tratado debe ser aprobado. Ello, porque así como Chile se ha ido insertando en el concierto internacional, a través de diversos tratados, especialmente en el ámbito económico, existen también áreas en que "Chile tiene que estar participando, como lo es la legislativa internacional penal a fin de evitar, a futuro, situaciones de violaciones de derechos humanos, de dictaduras que finalmente queden en la impunidad y no sean sancionados y castigados los responsables".
Longton agregó que los derechos humanos "no son privativos de uno ni otro país", por lo que en su opinión debieran ser parte de "nuestra conciencia y de nuestro quehacer diario".
El diputado opositor admitió que cuando el tema se debatió en la cámara baja, en el año 1999, la discusión no llegó a buen término porque la situación que afectaba al senador desaforado Augusto Pinochet -detenido en Londres- atravesó el debate, porque "hería ciertas sensibilidades políticas en nuestro país".
Por tal razón comparte, en cierto grado, el optimismo de la canciller, María Soledad Alvear, quien tras recibir a Sebastián Piñera -presidente de RN- en su gabinete, para plantearle el tema, señaló que éste es el momento propicio para la ratificación del tratado y que percibe esa disposición en la mayoría de los sectores políticos.
A ese respecto, Longton insistió que "tengo mis dudas" de que la totalidad de los diputados de Renovación Nacional estén dispuestos a ratificar el tratado que da origen al TPI. Pero aclaró que tras oír la información de los expertos en derecho internacional penal, de la bancada, se tomará una posición "mucho más masiva".
Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto Libertad (IL), -organismo asesor de Renovación Nacional-, María Luisa Brahm, indicó que la entidad se encuentra abocada al estudio del tratado, cuya ratificación posiblemente debería votarse en la sala de la cámara baja el 22 de enero próximo.
Recordó que el año 1999, cuando el tratado sobre el TPI ingresó a trámite legislativo, Renovación Nacional discutió el tema y su comisión política concluyó que, en general, compartía la creación de una Corte Penal Internacional, pero hizo una serie de observaciones específicas en torno a su contenido.
En ello influyó -dijo la funcionaria- que "había un problema político envuelto en él, considerando que se estaba produciendo, simultáneamente, con el enjuiciamiento de Pinochet por el juez Garzón. Por lo tanto, el momento político no era de gran calidad, sino que había bastante presión".
En este sentido, a su juicio, en la actualidad muchas de las objeciones que se hicieron en ese momento han sido subsanadas, como el tema de la universalidad, ya que en esa oportunidad la comisión política argumentó que sólo un país latinoamericano había aprobado el TPI y seis o siete del resto del mundo. Situación que ha variado considerablemente, puesto que hasta ahora ha sido ratificado por 48 naciones.
María Luisa Brahm explicó que una vez que 60 países ratifiquen el tratado, el TPI comienza a regir y estas naciones intervendrán en la Asamblea General de Estados parte, quienes serán los que redacten el reglamento y los responsables de la designación de los jueces.
Sin embargo, precisó que el organismo puede aceptar a un país, independiente que éste lo haya ratificado o no. Por lo que en su opinión, "hay que reexaminar las posiciones y revisar las objeciones que se hicieron en su minuto y cuáles de ellas siguen vigentes o no", tarea a la que se abocará Renovación Nacional en la comisión política del lunes 14 de enero.
Por otra parte, la funcionaria admitió que en lo que respecta a al TPI, como organismo propiamente tal, hay posiciones divididas entre los parlamentarios de RN, pero que también existe una materia "más de fondo" relacionada con el artículo 50 número 1 de la Constitución Política, con relación a la aprobación de los tratados. Y que, a su entender, es "una norma muy antigua, que viene de las primeras constituciones de nuestro país, y que no se ha adaptado a la globalización del mundo y muchos países que han aprobado el acuerdo sobre la Corte Penal Internacional han tenido que modificar sus constituciones".
Por tal razón -dice- hay constitucionalistas de RN que opinan que es necesario modificar la Carta Fundamental y "quizás éste es un momento para hacerlo, para actualizar sus normas al derecho moderno internacional y a la globalización propiamente tal".
A propósito precisó que algunas de las objeciones de parlamentarios de la colectividad no tienen relación con el fondo, sino con el hecho que primero se debería modificar la Constitución y luego se ratifica el tratado sobre el TPI.
