SANTIAGO.- EL Presidente de la República, Ricardo Lagos, dio el visto bueno para la adquisición de los 10 aviones de combates F-16 C/D Block 50 para la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y postergó por el momento la fabricación de cuatro fragatas que contempla el plan Tridente.
La medida la dio a conocer esta mañana la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, quien arguyó que la decisión del Presidente de la República de reemplazar 19 aviones A-37 y otros tantos aviones Mirage que componen la dotación de la Fuerza Aérea, no implica una carrera armamentista en la región, pues a juicio del Ejecutivo esta compra sólo implica la renovación del material obsoleto.
El costo de la compra de estos 10 caza bombarderos F-16 a la empresa norteamericana "Lockheed Martin", asciende a 660 millones de dólares.
Estos montos provendrán de la Ley Reservada del Cobre e implicará un endeudamiento de la Fuerza Aérea de Chile durante los próximos nueve años.
De acuerdo a la negociación alcanzada entre el gobierno y la empresa norteamericana, se estableció que cada dólar que Chile invierta en los aviones será compensado con inversiones en el país, mecanismo conocido como "off set".
Por lo mismo, Bachelet anunció que la primera inversión en este sentido será la construcción de un centro de alcance mundial de la empresa "General Electric", destinada a dar asistencia técnica a distancia en el área de motores de aviación, aeronaves civiles y militares.
El comunicado leído por la secretaria de Estado arguye que el país "requiere mantener una flota de superficie moderna integrada por unidades provistas de sistemas de armas aptas para brindarnos seguridad frente a los desafíos que plantea la época en que vivimos y que, a la vez, sean eficientes en términos de su operación, el tamaño de sus dotaciones y su mantenimiento durante sus ciclos de vida".
Postergación de proyecto Tridente
La decisión presidencial dada a conocer esta mañana implicará que en el corto plazo sólo se renovará el material bélico de la Fuerza Aérea, y postergar la concreción del plan Tridente. Este, que implica la construcción de cuatro fragatas para la Armada -tres se harían en Chile y una en Alemania- tiene un costo de 950 millones de dólares.
La ministra Bachelet, no obstante, dijo que este proyecto deberá llevarse a cabo en un futuro próximo. Señaló que la decisión de Lagos de no impulsar el plan Tridente se debe "entre otras razones, porque dada la actual modalidad de financiamiento, la ejecución del proyecto impondría compromisos que se extenderían por un período de tres mandatos presidenciales sucesivos".
La secretaria de Estado dijo que el gobierno debe tener la certeza de que los planes de renovación de los materiales bélicos contarán con una modalidad de financiamiento adecuado y conveniente para el país y agregó que los mecanismos previstos en nuestra actual legislación son extremadamente rígidos y requieren ser modificados prestamente para responder de manera estable y eficiente a las necesidades de seguridad de la Nación.
Primeras reacciones
El alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, respaldó este miércoles que el Presidente Ricardo Lagos haya privilegiado la compra de los aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea, señalando que corresponde al Mandatario conciliar las decisiones de seguridad nacional con los problemas sociales del momento.
"Yo creo que si él ha tomado esa decisión, que es difícil, la ha tomado por algo, y pienso francamente que en esto tenemos que respaldar al Presidente", aunque dijo que esto no puede significar que no hayan recursos para los programas de empleo.
En tanto, el senador institucional Jorge Martínez Bush, ex-comandante en jefe de la Armada, ante la decisión del gobierno de adquirir diez F-16 y postergar el plan Tridente de la Armada, dijo que "lo primero que ha hecho el Presidente es resolver el problema con la Fuerza Aérea, por las connotaciones que tiene también en el campo internacional con Estados Unidos", al tiempo que manifestó su esperanza que no se deje aplicar el Plan Tridente, éste o cualquiera otro "porque el problema del potencial es urgente".
Agregó que, a su juicio, "aquí ha habido una consideración momentánea y que obedece a razones de política circunstancial, de política partidista o inmediatista", advirtiendo que si no se considera en el futuro el equipamiento para la Armada "estamos en presencia de una resolución que no conlleva realmente a la idea de que el jefe de estado tiene que ser o debe ser o quiere ser un estadista".
En la UDI, el diputado Julio Dittborn lamentó que el gobierno no haya acogido la petición de esa colectividad de postergar la renovación de los aviones de la Fuerza Aérea de Chile.
El parlamentario argumentó una vez más que la compra de los aviones F-16, como así también la construcción de las fragatas, era un tema absolutamente postergable, pues la actual situación de los países limítrofes con Chile y el estado de paz y estabilidad militar de la región hacían innecesaria la inmediatez de la compra.
También dijo que los montos involucrados pudieron haberse destinado a la generación de empleos.
No obstante, la Ley del Cobre –que reserva el 10% de las ventas de Codelco para la adquisición de material bélico de las FF.AA.- impide ocupar esos recursos en otra materia. Consultado al respecto, el parlamentario dijo que la UDI está dispuesta a discutir seriamente una reforma a la Ley del Cobre y emplazó al gobierno a enviar o acelerar el trámite legislativo respectivo.
También tras el anuncio, la directiva del PPD se reunió con la ministra Bachelet a fin de interiorizarse de la decisión del Presidente Lagos y lo que implica la compra de los 10 aviones F-16 en meteria de "off set".
Encabazado por su presidente (s), Víctor Manuel Rebolledo, el PPD se alineó con el anuncio de materialización de este proyecto, y, a pesar de que en más de una oportunidad emplazaron al Presidente Lagos a postergarlo, ahora dijeron estar conformes con la transparencia en materia económica y política que significó el plan del Nuevo Avión de Combate (NAC).
Opinan los analistas
El analista político Guillermo Hollzmann consideró adecuada la decisión del Presdidente Lagos de esclarecer el panorama respecto de la renovación del material bélico para la FACh, y destacó el hecho de que este proceso demuestra claramente la integración de la Defensa Nacional como un instrumento de la política exterior del país.
Hollzmann desestimó que los países limítrofres (Argentina, Perú y Bolivia) deban presentar al Gobierno su incomodidad por la decisión de Chile de comprar los aviones de combate, pues dijo que ésta es una materia de política interna del país, de la cual esas naciones no tienen por qué intervenir. Además, dijo que gracias a la transparencia que caracterizó este proceso, se dejó claramente establecido que la política respecto de la defensa nacional del país es defensiva y con capacidad disuasiva.
Con todo, el analista enfatizó a EMOL que lo más destacable de esta compra radica en las compensaciones económicas que están asociados a ella, los "off set", pues, con ello, se abre un nuevo escenario respecto de la compra del material bélico en la región.
No obstante, el también analista internacional Eduardo Santos, expresó su inconformidad y desacuerdo por la decisión de comprar los F-16 y postergar la construcción de fragatas, pues arguyó que por motivos de obsolescencia del material, era más importante llevar a cabo la construcción de los cuatro buques de guerra que adquirir los aviones de combate.
También dijo que había motivos económicos, políticos y estratégicos que hacían postergable la decisión de renovación del material.
En el primer ámbito, el profesor Santos señaló a EMOL que por una parte el Gobierno expresa su voluntad de flexibilizar el presupuesto de las ramas castrenses para las compras militares, pero con esto se hace lo contrario, pues se condiciona y amarra por los próximos nueve años los fondos de la FACh para comprar otro tipo de material.
Además de esa razón, Santos arguyó que durante el tiempo de estudio y análisis de las alternativas, el Gobierno y las Fuerzas Armadas bajajaron la idea de adquirir material de segunda mano, cuyo precio es significativamente menor al material nuevo. Esta idea es apoyada con el hecho de que los requerimientos de disuasión que necesita Chile no requiere de armas de un grado de sofisticación mayor.
Desde el punto de vista de la política, Santos enumeró que había temas internos y externos que no fueron tomados en cuenta por el Gobierno para tomar la decisión, pues por una parte no consideró el pedido de la Cámara de Diputados de aplazar la concerción de estos proyectos por los próximos tres años; ni tampoco que con esta compra, desde ahora Chile podría ser visto por nuestros vecinos como "los nuevos ricos", lo que -a juicio de Santos- "no son bien vistos dentro del vecindario".
