SANTIAGO.- La supuesta vinculación de grupos subversivos con el conflicto mapuche llevó al Gobierno, y más específicamente al Ministerio del Interior, a realizar un estudio de las implicancias tanto a nivel nacional como internacional de las conexiones, intercambios o participaciones de integrantes de estos grupos con las comunidades étnicas.
El informe publicado por el vespertino "La Segunda", establece la complejidad del tema alto Bío Bío.
Además, revela "el intercambio (de comunidades mapuches) de experiencias con otros grupos antisistémicos".
Se expone que la proliferación de las comunicaciones, la lucha ante el sistema imperante y los problemas que mantienen los distintos grupos minoritarios de todos los países, agrupa la "causa" de lucha y permite intercambiar experiencias en pos de la independencia cultural, social y, hasta, económica.
Este nuevo tipo de actor se expresa en términos de crítica tanto cultural como social y se centra en torno a "objetivos de autogestión y de una marcada identificación con sus raíces culturales. Poseen una clara voluntad de dejar de ser la materia prima para la acción política o ideológica de los partidos políticos tradicionales y pasar a ser productores de su propio sentido" explica el informe.
Por ello, "los mapuches a través del tiempo, generan nuevas organizaciones desvinculadas de los partidos políticos, imitando las experiencias de grupos como en Chiapas".
Además, el estudio destaca y enumera todas las zonas en conflicto que pueden o podrían generar una desestabilización en el orden nacional, que sirve para identificar los problemas y los lugares donde actuar específicamente.
El análisis señala también que desde el punto de vista de la receptividad de la causa mapuche en Chile, las encuestas indican que "cuentan con un amplio respaldo popular entre la ciudadanía, entre los sectores más progresistas e intelectuales.
Sin embargo, los sectores más conservadores, los menos, -militares y empresariado- cuestionan y critican las movilizaciones por poner en riesgo la integridad territorial del Estado nacional y la propiedad privada, respectivamente.
No obstante, el estudio no plantea tesis política alguna para hacer frente al problema, sólo constata el origen, las redes de respaldo y la organización que tiene y que pudiera llegar a tener estos fenómenos sociales y políticos.
El informe tampoco consigna el financiamiento internacional que reciben los movimientos indigenistas, y sólo se deduce por la conexión que tienen con diversas organizaciones en el mundo.
