SANTIAGO.- Los expedientes de 7.419 Consejos de Guerra instruidos tras el pronunciamiento militar de 1973, que el Ejército ha negado siempre a la Justicia, se quemaron un año antes de que el ex Presidente Augusto Pinochet dejara el poder.
Según un documento oficial mantenido en "secreto" hasta ahora, los expedientes que el Ejército ha negado a los tribunales de justicia y a la Comisión Rettig, se quemaron en 1989, un año después de que Pinochet perdiera el plebiscito que significó el fin de su régimen.
La destrucción de los expedientes quedó registrada en un documento de la Subsecretaría de Guerra, bajo referencia "dep.II/1 (s) num 4230/1/15" firmado el 24 de noviembre de 1989 por el actual comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta Caffarena, cuando era subsecretario de Guerra con el grado de coronel, según informaron a EFE fuentes jurídicas relacionadas con uno de los casos de derechos humanos.
Según el oficio, los expedientes resultaron "quemados total o parcialmente" a raíz de "un atentado terrorista" la madrugada del 14 de noviembre de 1989 en la comuna de La Reina, en el sector oriente de Santiago.
Al día siguiente, el Ejército entregó un comunicado en el que informó que "documentación de archivo" resultó dañada por un incendio ocasionado por un "atentado con un cohete LOW", y agregó que en el lugar "se encontró un trozo de género con la consigna del movimiento terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez y distintivos de ese grupo subversivo".
En la escuela habitualmente dormían "unas 60 a 80 personas", pero esa noche no había nadie.
En el documento, Izurieta dio cuenta a la vice-comandancia en jefe del Ejército, que los 7.419 expedientes se encontraban "en almacenamiento transitorio en las dependencias de la Escuela de Educación Física".
Estos expedientes han sido requeridos sin éxito al Ejército por la Corte Suprema de justicia, por el juez Juan Guzmán Tapia que instruye los procesos en contra de Pinochet y, en las últimas semanas, por los jueces designados para acelerar 114 causas por violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar.
Según un oficio del 20 de diciembre de 1990, firmado por el Segundo Juzgado Militar de Santiago, el expediente sobre el "atentado" que destruyó los documentos fue "archivado" y no se señalaron culpables.
"Se estima necesario un pronunciamiento por parte de la autoridad institucional pertinente respecto al procedimiento a seguir con los restos de la documentación quemada o deteriorada", escribió Izurieta al final de su oficio No4230.
El juez Juan Guzmán pidió reiteradamente a partir de 1998 varios de los expedientes y sentencias de los Consejos de Guerra para sus investigaciones.
El 15 de diciembre de 1998, el entonces subsecretario de Guerra y actual ministro de la Presidencia de Ricardo Lagos, Mario Fernández Baeza, informó a Guzmán por oficio No4071 que "solicitada la información al Ejército de Chile, la institución afirmó que no posee antecedente alguno relativo a las materias consultadas".
Guzmán quería conocer, entre otros, los expedientes de los Consejos de Guerra por los cuales el grupo operativo enviado por Pinochet en octubre de 1973 al sur y al norte de Chile, conocido como la Caravana de la Muerte, había ejecutado a 12 prisioneros en Valdivia y a otros 15 en La Serena.
Aquellas ejecuciones extrajudiciales fueron justificadas ante el juez Guzmán por el enviado de Pinochet al mando de ese escuadrón, general Sergio Arellano Stark, como resueltas por "Consejos de Guerra".
El juez Guzmán insistió en su petición, pero el 9 de junio de 1999, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Patricio Chacón, respondió a Guzmán por oficio 1595/587 que "revisada la documentación del Archivo General del Ejército, no existen antecedentes al respecto".
Con fecha 6 de noviembre de 1990, la Corte Suprema también pidió al Jefe del Estado Mayor del Ejército, general Rodrigo Sánchez Castilla, el expediente y la sentencia del Consejo de Guerra de Valdivia, pero tampoco le fue enviado.
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que en 1991 entregó su informe acerca de los crímenes cometidos por el gobierno militar, se refirió a estos Consejos de Guerra.
"Respecto de más de algunas de las muertes" cuya decisión supuestamente se tomó en un Consejo de Guerra, "la Comisión ha concluido que éste, presumiblemente, nunca se efectuó y no fue más que el modo de explicar una ejecución ilegal", concluyó el informe.
