SANTIAGO.- Luego de conocerse la destrucción de 7 mil 419 expedientes de Consejos de Guerra en 1989, el abogado querellante en el denominado caso Caravana de la Muerte, Hugo Gutiérrez, pidió que declare ante el Juez Juan Guzmán el actual comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta Caffarena, quien firmó el documento que explica la suerte corrida por los papeles.
Gutiérrez hizo extensiva la petición al general (r) Fernando Torres Silva, ex auditor general del Ejército, ya que a su juicio, debe responder por haber obstaculizado desde su cargo las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos.
La destrucción de los expedientes quedó registrada en un documento de la Subsecretaría de Guerra, clasificado como "secreto" y firmado el 24 de noviembre de 1989 por el actual comandante en jefe del Ejército, General Ricardo Izurieta Caffarena, cuando era subsecretario de Guerra con el grado de Coronel.
Estos expedientes han sido requeridos sin éxito al Ejército por la Corte Suprema, por el juez Juan Guzmán y por los jueces especiales designados para acelerar 114 causas por violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar.
En el documento, Izurieta informa a la vice comandancia en jefe del Ejército que los expedientes se encontraban "en almacenamiento transitorio en la Escuela de Educación Física" y resultaron "quemados total o parcialmente" a raíz de "un atentado terrorista", la madrugada del 14 de noviembre de 1989.
Al día siguiente, el Ejército entregó un comunicado en el que informó que "documentación de archivo" resultó dañada por un incendio ocasionado por un "atentado con un cohete LOW", y agregó que en el lugar "se encontró un trozo de género con la consigna del Frente Manuel Rodríguez y distintivos de ese grupo subversivo".
El juez Juan Guzmán pidió reiteradamente, a partir de 1998, varios de los expedientes y sentencias de los Consejos de Guerra para sus investigaciones, pero las respuestas fueron negativas.
Guzmán quería conocer, entre otros, los expedientes de los Consejos de Guerra por los cuales la denominada Caravana de la Muerte, había ejecutado a prisioneros en varias ciudades del país.
El General retirado y ex vice comandante del Ejército Guillermo Garín, estrecho allegado de Augusto Pinochet, confirmó la autenticidad del documento firmado en 1989 por el general Ricardo Izurieta.
