SANTIAGO.- Desde que el Presidente Lagos remitiera el informe emanado de la Mesa de Diálogo en materia de derechos humanos en enero del 2001, escasos han resultado ser los logros de esta instancia que pretendía, junto con lograr un acercamiento entre el mundo civil y militar, esclarecer el paradero de muchos detenidos desaparecidos tras el pronunciamiento militar de 1973.
"Es positivo que el Ejército haya aceptado ser parte de la Mesa de Diálogo, pues con eso abrió un espacio de debate y reflexión conjunta con el mundo civil y rompió con el aislamiento de los militares a la época de los hechos".
No hay duda alguna que la iniciativa –creada por el ex ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma- significó un gran avance en las relaciones que hasta ese entonces mantenían las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. En el Ejército, pieza clave jugó el actual comandante en Jefe, general Ricardo Izurieta, para que su institución participara de la instancia.
A tres días de que el uniformado deje el cargo, la abogada de derechos humanos Pamela Pereira, ex integrante de la mesa de diálogo, conversó con EMOL a fin de comentar la actuación de Izurieta y el estado en que se encuentran las cosas en materia de derechos humanos.
EL PAPEL DE IZURIETA
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A la luz de los escasos resultados que arrojó la identificación de cuerpos la Mesa de Diálogo, ¿cómo evalúa la colaboración que prestó el Ejército en esta instancia?
- La mesa de diálogo hay que evaluarla en dos aspectos, la instancia misma, que fue positiva; y el informe evacuado de ella, que contiene errores, pero también verdades, y que deben ser materia de los tribunales de Justicia. Más allá de los errores y verdades, hay dos realidades nuevas que se nos han presentado a raíz de ese informe: primero es el de las remociones de los cuerpos y los errores en las fechas entregadas por las Fuerzas Armadas; y, segundo, la imposibilidad científica de identificar todos los casos, que se traduce en que actualmente el Instituto Médico Legal no ha podido esclarecer alrededor de cien casos.
Una de las imágenes que quedará para la posteridad como parte de la gestión de Ricardo Izurieta en el Ejército será la del saludo entre Pamela Pereira y el representante castrense, general Juan Carlos Salgado.
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¿Considera que el general Izurieta hizo todo lo posible en lograr que la gente que tenía información de detenidos desaparecidos al interior del Ejército la entregara?
- Que el Ejército haya sido parte de la mesa de diálogo me parece un paso muy importante. Aun así, creo que el método que se utilizó para que la información estuviera presente no fue el más adecuado, y es por ello que los resultados fueron más pobres respecto de las expectativas que se tenían.
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Una vez que comenzaron a hacerse patente los errores en la información, ¿le exigieron de alguna manera al Ejército que se esforzara en conseguir información verídica?
- Existió la disposición del Ejército de confrontar la información que ellos habían recibido bajo la ley del secreto, en una comisión en la que trabajarían personas que el Ejecutivo iba a colocar con gente de la propia institución. No obstante, desde mi punto de vista, el Gobierno no tuvo la voluntad política de hacer efectivo ese mecanismo.
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Cuál es la evaluación que hace del general Izurieta en materia de derechos humanos?
- Sin duda esperaba más. Esperaba que se hubiera producido un mayor desprendimiento institucional con todo lo que es el contenido del pinochetismo. También me hubiera gustado ver una mayor adhesión a las reformas constitucionales que ubican a las Fuerzas Armadas en un ámbito más legítimo que le corresponde dentro de una sociedad democrática. En todo caso, creo que es positivo que el Ejército haya aceptado ser parte de la Mesa de Diálogo, pues con eso abrió un espacio de debate y reflexión conjunta con el mundo civil y rompió con el aislamiento de los militares a la época de los hechos.
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¿Le faltó al Ejército pedir perdón público a la sociedad chilena?
- Me dan lo mismo las peticiones de perdón, pues no tienen ningún significado simbólico y políticamente es una expresión muy manoseada. Ese gesto no tiene interés para los familiares de las víctimas, ni para mí tampoco. Yo espero un mayor compromiso del Ejército por resolver el tema de los derechos humanos, pero también un mayor desprendimiento de lo que significó el pinochetismo, pues ésta es la única manera de poder recabar y entregar la información que se necesita para esclarecer todos los casos pendientes.
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¿En que se traduce, en términos concretos, ese mayor desprendimiento al que usted se refiere?
- A los militares hay que saber escucharlos y traducir lo que dicen. Hace un par de días atrás, y en una ceremonia de despedida, el general Izurieta dejó abiertas las puertas para dar un nuevo paso en el diálogo ("El Ejército todo lo que tenga que hacer, lo va a hacer, en materia de derechos humanos", dijo el alto oficial tras reunirse con el presidente del Senado, Andrés Zaldívar). Como el Ejército es una institución de una continuidad permanente, su señal es muy fuerte en cuanto no da por cerrado este tema, y, en consecuencia, será el general Cheyre quien deba continuar con la tarea emprendida. Más allá de los gestos de perdón público, son estas cosas a las que les doy importancia, pues significa que como política institucional el tema no está olvidado.
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¿Qué espera del general Cheyre?
- En las conversaciones previas que hemos tenido, me ha dado la impresión de que él tiene una muy buena voluntad para trabajar en estos temas y sacarlos adelante, para de esa forma instalar cada vez más al Ejército en un plano estrictamente profesional. Más allá de las reuniones que podamos sostener los abogados de derechos humanos con él, me interesa saber la disposición política del gobierno en avanzar más en el tema. Mientras yo vea que el Ejecutivo continúa estancado en querer solucionar los casos, pensaré mucho si dar otro paso o no.
ACTUALES RELACIONES MUNDO CIVIL-MILITAR
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¿Cómo considera que están las relaciones entre la sociedad civil y el Ejército toda vez que se creó una instancia como la Mesa de Diálogo en que por primera vez se abordó el tema de los derechos humanos?
- La mesa de diálogo fue determinante en romper con el aislamiento del Ejército respecto de la sociedad. La percepción que tenía la sociedad civil de la institución, era francamente negativa. Eso cambió después de la mesa de diálogo.
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¿Podría decirse que las confianzas están restablecidas, o es muy pretencioso aún hablar de eso?
- Es un proceso en el cual se van restableciendo. Pero también hay que tener en cuenta que se van restableciendo con realidades concretas. Hay que seguir avanzando y no quedarse con lo que se tiene hasta ahora.
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¿Y ese proceso tiene que impulsarlo el Gobierno o las Fuerzas Armadas?
- Ambas partes. El gobierno está en déficit en materia de derechos humanos, porque actuaciones que debió realizar no las hizo, lo que generó que se estancara la iniciativa de la mesa de diálogo. El Ejército y las Fuerzas Armadas en general, tienen que esperar que el Ejecutivo tome la iniciativa y someterse a las directrices que éste fije como instituciones jerarquizadas que son, dependientes del poder civil.
