SANTIAGO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la petición de estudiar el atropello de derechos que habría realizado el Estado de Chile en contra de un grupo de 144 mapuches, en 1992.
La admisión del caso ante la Comisión fue reconocida hoy por Aucán Huilcamán y el abogado patrocinador Roberto Celedón.
La primera solicitud para revisar este caso fue realizada el 18 de septiembre de 1996 por Huilcamán y otros nueve integrantes del Consejo de Todas la Tierras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington DC.
El proceso se refirió a la "injusta persecución judicial" que se habría iniciado en junio de 1992 y culminado en marzo de 1996 contra más de un centenar de personas indígenas que fueron acusadas y encarcelados por usurpación, asociación ilícita, desacato, hurto y lesiones. Por lo que en ese momento la Corte Interamericana comprometió al Estado de Chile a compensar al pueblo originario en cuatro puntos clave, entre ellos, limpiar los antecedentes de los procesados por violencia en la zona.
Ante el incumplimiento de este acuerdo, el Consejo de Todas las Tierras presentó en el 2001 una segunda petición ante la Comisión Interamericana para revisar el proceso.
Fue entonces cuando sólo hace dos semanas la Comisión sesionó en privado y resolvió admitir un estudio a fondo de este caso.
Esta admisión de analizar el caso mapuche permite a ambas partes –Estado de Chile y Consejo de Todas las Tierras- entregar, en un plazo de 6 meses, nuevos antecedentes para que posteriormente la Comisión se pronuncie respecto al fondo y con ello se dé un plazo de tres meses para someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que finalmente dicta sentencia.
Antecedentes del proceso
El caso se inició en septiembre de 1996 con la solicitud presentada por el Consejo de Todas las Tierras ante la Comisión de la OEA.
El Gobierno, en tanto, respondió ante esa solicitud nombrando a un ministro en visita quien determinó que el Consejo de Todas las Tierras se había convertido en una asociación delictiva.
Entre 1996 y 1998 la Comisión Interamericana le solicitó a ambas partes información respecto al tema. Fue recién en octubre de 1996 cuando se celebró una audiencia sobre el presente asunto en la sede de la Comisión, donde se elaboró un documento denominado "Propuesta de la CIDH de solución amistosa".
El 31 de mayo de 2001 el Estado chileno presentó una propuesta de solución amistosa que incluyó cuatro puntos:
El Estado estudiará la posibilidad de incrementar o reorientar el programa de adquisición de tierras que desarrolla la Conadi.
El Estado en el afán de restablecer la dignidad de estas personas afectadas estudiará la posibilidad de que mediante la vía administrativa se elimine los registros que afectan a los inculpados de usurpación y asociación ilícita.
El estado hará el esfuerzo material y simbólico necesario para que el bueno nombre de los afectados sea restablecido.
El Estado en conjunto con los afectados tendría la posibilidad de formular las modificaciones legales y reglamentarias para que las reivindicaciones de las comunidades mapuches se puedan conducir por canales que no afecten el orden público.
A juicio de la organización indígena "tal propuesta de reparación fue para nosotros inaceptable porque se apartaba de todos los criterios del acuerdo de Washington, por lo que nos retiramos de ese acuerdo amistoso y le pedimos a la Comisión que continuara revisando el caso".
La resolución publicada hoy por el dirigente Huilcamán fue el resultado de esta segunda petición, hecho que calificó "como muy importante".
"Este caso para nosotros es muy relevante, por cuanto está prevaleciendo el derecho internacional, lo que viene a confirmar que el derecho de los pueblos indígenas es reconocido a nivel mundial", sostuvo Huilcamán.
El dirigente mapuche dijo estar convencido que este caso llegará a la Corte Interamericana y que el Estado chileno deberá responsabilizarse por las violaciones cometidas contra el pueblo mapuche y contra estas 144 personas de origen indígena, entre los que figura él.
"Esta decisión de la Comisión es un llamado de atención no tan sólo al Gobierno, sino al conjunto de la sociedad chilena que no ha reconocido y protegido de manera adecuada los derechos del pueblo indígena", recalcó el Huilcamán.
