SANTIAGO.- El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Felipe Salaberry denunció hoy la presunta venta fraudulenta de taxímetros por parte de dos empresas del rubro, que, según la versión del parlamentario, son respaldadas por la Subsecretaría de Transportes.
El legislador dijo que las empresas "Electrónica Sam y Clinitaxi" estarían adulterando los taxímetros de la marca Eko-Maiko, principal proveedor de este instrumento en el mercado.
Salaberry señaló que esta práctica se viene realizando desde hace dos años, por lo que planteó la necesidad urgente de acabar con estas serias irregularidades.
"Yo hago un llamado a la Subsecretaría (de Transportes), al Gobierno, a hacer la investigación que corresponde. Aquí se está cometiendo un fraude, vicios de corrupción al interior de la Subsecretaría, que nosotros no podemos dejar de denunciar", afirmó.
El diputado de la UDI presentó también un oficio remitido por la cartera de Transportes a Eko-Maiko, empresa que denunció las irregularidades, documento que no tiene ni número de ordinario, ni fecha en la cual fue emitido.
Recordó que las empresas mencionadas en esta presunta ilegalidad cuentan con talleres de revisión y reparación de taxímetros, cuyos dueños fueron procesados por actos ilícitos en su labor comercial.
Salaberry no descartó continuar con acciones legales para terminar con este negocio de robo, restauración y venta de estas herramientas que utilizan unos 30.000 taxis de los cerca de 70.000 que componen el parque automotor comercial.
Según estimaciones del diputado, unos 17.000 taxímetros (13 por ciento) serían robados bajo este sistema.
En tanto, el subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, respondió a las acusaciones de Salaberry, reconociendo la firma del decreto de 2000, pero explicó que este es un caso policial fuera del ámbito de la competencia de la Subsecretaría.
"Yo quiero rechazar las acusaciones que señala el diputado. Lo que hace el Ministerio de Transporte es definir las especificaciones técnicas que deben tener los taxímetros. Acá estamos ante un caso policial que no corresponde al Ministerio del Transporte intervenir. Nuestra obligación es verificar que los taxímetros cumplan con las condiciones de seguridad en la tarifa que deben tener los usuarios", sostuvo Tombolini.
