SANTIAGO.- La Corte Suprema dejó este miércoles en suspenso su decisión final sobre la posible reanudación del juicio al general (R) Augusto Pinochet acusado de asesinatos y secuestros.
El tribunal concluyó este miércoles las audiencias, que inició el jueves pasado, para estudiar el recurso de casación que plantearon los abogados acusadores, que piden la revisión del dictamen que paralizó el juicio hace 10 meses por los signos de "demencia" del general Pinochet.
Tras escuchar los alegatos de los abogados Juan Pavin (querellante) y Pablo Rodríguez (defensa), la Corte compuesta por los jueces Alberto Chaigneau (presidente), Enrique Cury, José Luis Pérez, Nibaldo Segura y Milton Juica, dejó "en acuerdo" (pendiente) el pronunciamiento que determinará si el proceso se reanuda o queda definitivamente archivado.
En la audiencia del 16 de mayo, el abogado querellante Eduardo Contreras solicitó la realización de nuevos exámenes médicos al procesado para aclarar si se encuentra con un deteriorado estado de salud mental que haga imposible continuar el juicio.
Este profesional fue el único expositor de esa ocasión y basó sus alegaciones en dos puntos: la aplicación indebida del artículo 10 del Código Procesal Penal y el estado de salud mental de Pinochet.
En el primer punto, el abogado afirmó que se viola la igualdad ante la ley al favorecer al ex jefe militar con una norma que no se encuentra vigente en la Región Metropolitana y que sólo está vigente en las cinco regiones donde funciona la Reforma Procesal Penal.
Afirmó que la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se excedió en sus atribuciones al transformarse en un tribunal de garantía que sólo contempla el nuevo sistema procesal penal.
En cuanto a la salud mental de Pinochet, el profesional dijo que no existe ningún antecedente en la legislación chilena que permita dictar un sobreseimiento amparándose en la dolencia que padece el general y que es una demencia subcortical moderada.
En ese sentido, sostuvo que para dictar un sobreseimiento el procesado debe estar loco o demente, privado totalmente de razón, lo que no ocurre en el caso del senador vitalicio, lo que está demostrado en las diversas actividades públicas que ha desarrollado antes y después del fallo que lo favoreció.
Además, cuestionó que el fallo esté basado principalmente en los diagnósticos de los médicos personales de Augusto Pinochet y no en el informe preparado por los peritos designados por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia.
Los jueces de la Suprema pueden optar por tres caminos distintos que llevarían prácticamente al fin de la causa que tramita el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia respecto del ex jefe militar.
En primer lugar, los magistrados podrían acoger el recurso de casación y anular la sentencia que detuvo el juicio en contra de Pinochet. De ser así acogerían la tesis de infracciones al debido proceso y su deteriorado estado de salud mental. Este fallo obligaría a reabrir el juicio y significaría que la Corte Suprema autorizaría al juez Guzmán para realizar diligencias con la presencia del propio Pinochet, como careos con otros procesados en la causa.
También la Corte Suprema podría rechazar el recurso de casación, lo que significa que se mantendría detenido el proceso. En la práctica significa que por la edad de Pinochet y su deteriorado estado de salud se pone fin a la investigación del ministro Guzmán.
Una tercera posibilidad sería que el máximo tribunal rechace el recurso de casación presentado por los querellantes, pero que elimine aquellos acápites en los que se refiere a infracciones al debido proceso, dejando sólo que fue sobreseído dado su deteriorado estado de salud mental.
Para los abogados querellantes significaría en la práctica un triunfo, ya que Pinochet habría salvado el proceso en su contra por las causales previstas en el Código de Procedimiento Penal: Locura o demencia.
Caso Prats
En forma paralela, el tribunal supremo recibió hoy una nueva solicitud de la jueza argentina María Servini de Cubría para quitar la inmunidad diplomática al senador vitalicio desaforado, a fin de que pueda ser procesado por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, cometido en Buenos Aires en 1974.
A través del exhorto, la magistrada trasandina busca que Pinochet sea despojado de la inmunidad parlamentaria -su anterior desafuero fue sólo para el Caso de la Caravana de la Muerte- para poder interrogarlo, un requisito básico para dictar auto de procesamiento en su contra y cursar la respectiva solicitud de extradición, según lo establece la legislación chilena.
El exhorto deberá ser analizado en los próximos días por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, la cual deberá pronunciarse respecto a la posibilidad de remitirlo a la Corte de Apelaciones de Santiago para que, en alzada, se evalúe jurídicamente el nuevo desafuero de Pinochet en esta causa.
La carta rogativa había sido enviada por la jueza el 7 de diciembre del año pasado, y salió del ministerio de Relaciones Exteriores argentino el 10 de abril.
Hasta hoy, el curso del escrito fue incierto, incluso el documento desapareció, lo que motivó a las hijas de Prats a solicitar su reenvío.
A la jueza Servini sólo le resta interrogar a Pinochet, luego de que hiciera lo propio con el resto de los inculpados, el ex general Manuel Contreras, ex jefe de la Dina (organismo represor de la dictadura militar; el ex brigadier Pedro Espinoza; los hermanos Raúl y Jorge Iturriaga y el brigadier (R) José Zara.
