Durante este tiempo hemos estado expuestos a una gran cantidad de crudas imágenes de las víctimas y la devastación que dejó el terremoto y tsunami que asoló a zona centro sur del país. Pero al cumplirse un mes de la tragedia, las frías cifras en el papel también pueden dar luces sobre la magnitud de la catástrofe.
Tras una serie de errores y rectificaciones, la última cifra oficial entregada por el actual Gobierno -el 20 de marzo- da cuenta de 342 víctimas fatales producto del terremoto y tsunami, 155 menos que la informada la administración Bachelet.
El número oficial de personas desaparecidas –según lo informado por el subsecretario del Interior el 19 de marzo– es de 97, cifra que se basa en la cantidad de denuncias por presunta desgracia que han presentado los familiares.
Según la estimación del Gobierno, la cantidad de damnificados en el país es de 800 mil, luego de que 200 mil viviendas quedaran destruidas o gravemente dañadas. Se calcula que el costo total en el sector llegará a US$ 3.943 millones. La emergencia se pretende enfrentar en un comienzo con mediaguas y tiendas de campaña.
Las pérdidas que dejó el terremoto ascienden a US$ 29.662 millones, en el sector público y privado. Al descontar los seguros (US$ 4.921 millones), disminuye a US$ 24.741 millones. De éstos, el sector público debe costear US$ 9.330 millones. El cálculo incluye lo que dejará de crecer la economía (US$ 7.606 millones).
Desde la madrugada del 27 de febrero, más de 480 réplicas del terremoto se han registrado en la zona centro sur del país. De éstas, 17 han superado los 6 grados Richter, incluidos dos sismos de 6,9 grados: uno ocurrido durante el cambio de mando –el 11 de marzo– y otro registrado pocas horas después del terremoto.
El catastro oficial –entregado el 23 de marzo– indica que hay 79 hospitales afectados por el terremoto. De éstos, 25 están seriamente dañados: 8 con problemas estructurales y 17 en el suelo. Los costos en Salud llegan a US$ 2.773 millones. La solución provisoria son los hospitales de campaña y los modulares.
El mismo informe indica que hay 4.013 escuelas con algún tipo de daño, cifra que constituye el 45% de los colegios ubicados entre Valparaíso y La Araucanía. La pérdida en infraestructura educacional asciende a US$ 3.015 millones. Por el momento, se pretende instalar escuelas modulares en las zonas más afectadas.
El Ministerio de Educación informó –el 24 de marzo– que aún hay 590 mil alumnos sin poder ingresar a clases, la mayoría en el Maule y el Biobío. El Presidente de la República fijó el 26 de abril como plazo para que todos los estudiantes inicien el año escolar. Como solución transitoria, se implementan las jornadas compartidas.
El último catastro del Consejo de Monumentos Nacionales –del 23 de marzo– indica que hay 75 bienes patrimoniales con daños mayores, dos destruidos y uno desaparecido –un obsequio de un zar ruso–. Entre los inmuebles afectados se cuentan el Palacio Vergara de Viña del Mar y la casa de Violeta Parra en San Carlos.
Las Conferencia Episcopal informó ayer que 440 templos quedaron dañados por el terremoto, lo que corresponde al 47% de las iglesias católicas del país. El 19% se derrumbó o deberá ser demolida. Además hay 105 capillas y casas parroquiales afectadas. Se estima que la reconstrucción costaría unos $140 mil millones.
Según datos de la CUT –entregados el 19 de marzo–, 15 mil trabajadores quedaron sin trabajo tras el terremoto. De éstos, 9 mil no habrían recibido indemnizaciones. El Ministerio del Trabajo anunció que fiscalizará que los despidos se ajusten a la ley y no se abuse de la cláusula de "fuerza mayor" para no pagar indemnizaciones.
De acuerdo a las cifras del Gobierno, 4.200 embarcaciones pertenecientes a pescadores artesanales fueron destruidas por el tsunami, afectando a 27 caletas. Además 26.923 pescadores quedaron damnificados entre Valparaíso y La Araucanía. El costo de los daños en el sector pesquero asciende a US$ 39 millones.
Gendarmería informó que –hasta ayer– 156 reos se mantienen prófugos, luego de que escaparan de distintas cárceles durante el terremoto. En total, huyeron 446 reos, pero 290 fueron recapturados o se entregaron voluntariamente. Según la institución, los reos prófugos tendrían peligrosidad media-baja.
Tanto la Onemi como el SHOA quedaron sin sus directores tras la polémica por la fallida alerta de tsunami. Mariano Rojas fue sacado de la cabeza del SHOA el 5 de marzo y luego, el 24, dado de baja tras una investigación de la Armada. Mientras que Carmen Fernández renunció el 10 de marzo debido a la presión sobre la Onemi.