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2) Defensoría Penal Pública

Servicio público autónomo y descentralizado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la vigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. La finalidad de la Defensoría es otorgar defensa penal de alta calidad profesional a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un Juzgado de Garantía o de un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y de las respectivas cortes, en su caso, y que carezcan de abogado.

La Defensoría es un organismo descentralizado territorialmente, conformado por la Defensoría Nacional, ubicada en la capital y las Defensorías Regionales y Defensorías Locales establecidas a lo largo de todo el país.

La defensa será gratuita sólo para aquellos que no tengan los medios para pagarla

La defensa penal pública siempre será ejercida por abogados y se brindará de manera gratuita a las personas imputadas por un crimen o simple delito, salvo que se compruebe que el inculpado dispone de recursos para su financiamiento. En ese caso se le cobrará, por cada diligencia que se practique a lo largo del proceso penal, de acuerdo a un arancel fijado por ley.

La prestación del servicio se administra a través de un sistema mixto. Por un lado, la prestación es otorgada por defensores funcionarios públicos denominados defensores locales y por otro, abogados y personas jurídicas particulares que, concursan a través de licitación pública, para suscribir contrato con la Defensoría.

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