El Tribunal de Cuentas de Italia ha autorizado al grupo automovilístico ítalo-estadounidense Fiat Chrysler (FCA) el préstamo de 6.300 millones de euros (unos 7.115 millones de dólares) que será avalado por el Estado italiano.
Así lo aseguran este miércoles los medios italianos, que detallan que el crédito será concedido por el banco Intesa Sanpaolo con una garantía estatal reconocida sobre el 80 % del monto.
El préstamo será otorgado en el marco de las líneas de crédito estatales puestas a disposición de las empresas con problemas por el Covid-19.
La decisión del tribunal es fundamental porque representa el último paso técnico del proceso y allana el camino para que FCA obtenga la luz verde definitiva por parte del Ministerio de Economía de Italia.
FCA ha pedido este dinero para ayudar a sus negocios en Italia a superar la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, pero ha generado cierta polémica en el país porque el grupo tiene su sede legal en Países Bajos y también quiere trasladar allí la sede del nuevo grupo resultante de la fusión que negocia con la francesa PSA.
De hecho, la asociación de consumidores Codacons ha presentado un recurso ante la Justicia italiana para bloquear este crédito, porque estima que una sociedad con sede en el extranjero no tiene derecho a recibir apoyo de Italia.
El ministro de Economía italiano, Roberto Gualtieri, ha señalado en numerosas ocasiones que FCA deberá utilizar el dinero del préstamo para sus fábricas en Italia, sin deslocalizar la producción y manteniendo los niveles de ocupación en el país.
El Gobierno italiano aprobó en abril un esquema de garantías públicas de hasta 400.000 millones de euros en créditos para empresas afectadas por los efectos del coronavirus.
De forma paralela, el martes un juez de Estados Unidos ordenó a los consejeros delegados de FCA, Mike Manley, y de General Motors (GM), Mary Barra, que se reúnan la próxima semana para intentar resolver una demanda de fraude organizado.
GM acusa a FCA de supuestamente sobornar al sindicato United Auto Workers (UAW) para influir en las negociaciones que la compañía mantenía con los representantes sindicales para la firma de un convenio colectivo, por lo que solicita una indemnización de miles de millones de dólares.
