Un informe del Senado estadounidense acusó a los fabricantes alemanes BMW y Volkswagen, al británico Jaguar Land Rover y al sueco Volvo, de haber importado a Estados Unidos vehículos con piezas que podrían provenir del trabajo forzado de la minoría uigur en China.
En el marco de la ley sobre trabajo forzado de los uigures (UFLPA), que entró en vigor en 2021, la potencia de Norteamérica prohíbe la importación de productos cuya cadena de suministros esté en parte ligada al trabajo forzado de esta minoría musulmana en el gigante asiático.
En ese contexto, las marcas europeas citadas son acusadas de haber integrado en su vehículos piezas fabricadas por un proveedor inscrito en una lista negra por su vínculo con la explotación de esta minoría.
El informe señala que BMW produjo e importó vehículos con partes "presuntamente fabricadas mediante trabajo forzado", mientras Jaguar Land Rover importó partes en igual situación.
El escrito agrega que Volkswagen construyó vehículos para el mercado estadounidense con estos componentes también, y mantiene relaciones "de negocios" con proveedores de la región china de Xinjiang, indica el informe.
Pekín ha sido acusado de encarcelar a alrededor de un millón de uigures y miembros de otras minorías musulmanas en instalaciones en Xinjiang, aunque sus autoridades lo niegan.
BMW es particularmente señalado, acusado de haber importado miles de vehículos con conocimiento de causa, entre ellos más de 8.000 Mini Cooper, tras lo cual se detuvo solo por la presión del comité del Senado, señala el texto.
"Volkswagen toma muy seriamente las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y está determinado a impedir todo uso del trabajo forzado en nuestra cadena de suministro", declaró a la AFP un portavoz del grupo alemán.
"Actuamos rápidamente y de forma responsable para reemplazar la pieza (proveniente del proveedor prohibido) y respetar la UFLPA", añadió el grupo automotriz.
La ley de 2021, votada de forma prácticamente unánime en el Congreso de Estados Unidos, prohíbe importar productos de Xinjiang a menos que las empresas puedan probar que su producción no incluye trabajo forzado.
