En 2014, las ventas de la minera totalizaron US$ 2.014 millones
El Mercurio
SANTIAGO.- En el marco del juicio arbitral que tiene con SQM -la minera no metálica controlada por Julio Ponce- por el arriendo de 28.054 pertenencias mineras en el Salar de Atacama, la estatal decidió rechazar la conciliación y pedir el término anticipado del contrato de alquiler, que vence en 2030.
La resolución tiene graves efectos para SQM. Según información de Corfo a
"El Mercurio", entre el 60% y 75% de las ventas de la minera, que en 2014 totalizaron US$ 2.014 millones, dependen de productos extraídos en la zona alquilada al fisco, como potasio, litio, ácido bórico y otros.
En la sesión del 11 de junio pasado, el consejo directivo de Corfo estimó que la compañía minera incurrió en "incumplimientos graves" en el contrato, como realizar ventas a empresas relacionadas usando precios de transferencia menores al valor de mercado, impedir la entrega de información relevante para los cánones de arriendo, sobreexplotar el agua de la zona y tener un comportamiento poco "ético".
Por esas razones, dicha instancia estimó que en la próxima audiencia del proceso arbitral, fijada para el 9 de julio, se pedirá el término del contrato.
Según fuentes gubernamentales, "SQM no es una empresa idónea para tener contratos con el Estado de Chile". Por ello, la corporación propondrá el establecimiento de un comité Corfo en conformidad al artículo 7° del DFL 211, a objeto de administrar, planificar y desarrollar minería no metálica en la zona hoy arrendada a SQM.
La firma señaló que no se va a referir a un arbitraje que todavía está en curso. La compañía reafirmó que ha cumplido cabal y oportunamente con todas sus obligaciones del contrato.
En la corporación timoneada por Eduardo Bitran adviertieron que hay "riesgos de operaciones y de gobierno corporativo de la actual situación de SQM que afectan el interés de Corfo", y alertan sobre la "inviabilidad para conciliar el contrato frente a graves incumplimientos éticos y contractuales" por parte de la minera.
Entre las situaciones irregulares detectadas por Corfo están la venta a empresas relacionadas del mismo grupo -como SQM Salar, Servicios Integrales de Tránsitos y Transferencias o SQM Europe- a precios de transferencia y con ello menores que de mercado, así como ventas a la japonesa Kowa, socia minoritaria de Ponce.
Según documentos de la estatal a los que accedió el diario, la decisión de Corfo se sustenta en que SQM no quiere cambiar el contrato original de 1993, donde se estipulan condiciones económicas que la entidad fiscal considera poco equilibradas.
El conflicto Corfo-SQM data de 2013, cuando en el gobierno del ex presidente Piñera la entidad fiscal pidió a la minera aclaraciones en materias técnicas, legales y económicas, y pidió verificar los pagos del contrato.
