SANTIAGO.- Un nuevo y polémico capítulo se vive en el marco de la construcción de los estadios que han albergado la Copa América 2015. Esta vez se enfrentan la empresa española Copasa y la Municipalidad de La Serena por dineros pendientes relacionados con el desarrollo del recinto deportivo de esa ciudad.
Copasa, que se adjudicó a fines de 2012 la construcción del Estadio La Portada, informó ayer que envió un nuevo requerimiento al alcalde de La Serena, Roberto Jacob, donde le solicitó que libere el pago de los $2 mil millones que la municipalidad adeuda a la compañía por los trabajos requeridos para la puesta en marcha del establecimiento, confiscó hoy
"El Mercurio".
De esa cifra -añadió la empresa-, unos $1.400 millones corresponden a obras incorporadas en "Estados de Pagos" presentados; es decir, abonos que se deben hacer cada mes después de que la Inspección Técnica de la Obra (ITO) certifique el avance del trabajo. Los otros $600 millones se incluyen en el concepto "Retenciones", que son dineros que el mandante retiene hasta cuando el contratista entrega la obra.
La firma admitió que pese a que el plazo de entrega de las obras era de 240 días, una serie de "circunstancias totalmente ajenas a Copasa y que fueron atribuibles al mandante" impidieron lograr ese objetivo.
El jefe del Departamento de Edificación de Copasa, Jorge Peñaranda, señaló que "la compañía está evaluando con sus abogados iniciar acciones legales contra el municipio si no obtenemos una rápida solución".
El secretario de Planificación de la Municipalidad de La Serena, Carlos Cortés, afirmó que cuentan con los recursos para cerrar los temas pendientes con Copasa, pero recordó que "esta obra no fue tan limpia ni eficiente". Indicó que existen pendientes multas por atrasos en contra de la empresa por cerca de $500 millones. A esto se añaden -dijo- otros $280 millones por observaciones en la fase de recepción del estadio, debiendo el municipio ejecutar ciertos trabajos con otros contratistas.
El funcionario indicó que la semana pasada Copasa les envió un documento con cobros adicionales por $900 millones, que los obliga a revisar las partidas de pago.
