ATENAS.- El Gobierno griego ha introducido en el Parlamento el proyecto de ley sobre la reforma del Código Civil y la directiva europea de saneamiento de bancos, el segundo paquete de reformas acordadas con los socios que será sometido a votación este miércoles.
El texto recoge cambios en el Código Civil y la incorporación a la legislación griega de la directiva europea BRRD, que se refiere al saneamiento de los bancos y garantiza los depósitos bancarios hasta 100.000 euros en caso de quita.
Según el procedimiento de urgencia por el que se tramitará este proyecto de ley, está previsto que mañana se analice en comisiones que se extenderán toda la jornada y que el pleno se inicie por la noche para debatir y votar las medidas.
La reforma al Código Civil ha provocado malestar entre jueces y abogados, que critican la falta de información sobre los cambios que prevé.
Fuentes gubernamentales señalaron que el proyecto no incluye la eliminación de las exoneraciones fiscales de los agricultores ni la restricción de las jubilaciones anticipadas.
En un principio se habló de que podían estar entre las medidas que se votarán mañana, aunque no figuran en la lista de requisitos previos que se estipuló que debían estar legislados después del 22 de julio, de acuerdo con el pacto alcanzado entre el Gobierno y la Eurozona hace ocho días.
Se prevé que estas dos cuestiones puedan ser votadas junto a otras medidas en una sesión posterior que podría celebrarse a principios de agosto.
El incremento del 13 % al 26 % de la tasación a los ingresos de los agricultores provocó la reacción de varios diputados de la mayoría gubernamental y de los partidos de la oposición, que tienen entre los agricultores un importante caladero de votos.
En la sesión de mañana el Gobierno de Alexis Tsipras afronta una nueva prueba de unidad, después de que 39 diputados de Syriza no respaldasen el acuerdo en la votación del pasado miércoles, lo que condujo a una remodelación del Ejecutivo para sustituir a los miembros díscolos.
La aprobación de estas medidas es una condición para que Grecia y los acreedores puedan iniciar las negociaciones sobre el tercer programa de rescate.
