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Reforma Laboral: Ex ministros de Hacienda de Bachelet y Piñera proponen cambios ante el Congreso

El rechazo a la prohibición del reemplazo en huelga es uno de los puntos en los que coincidieron Andrés Velasco y Felipe Larraín en la presentación de sus reparos al proyecto ante la Comisión del Trabajo del Senado.

04 de Agosto de 2015 | 11:39 | Emol
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El Mercurio

SANTIAGO.- La prohibición de reemplazar a los trabajadores que están en huelga es uno de los puntos de la Reforma Laboral que más conflictúa al empresariado y uno de los que provoca rechazo por igual en los ex ministros de Hacienda Andrés Velasco y Felipe Larraín.

La propuesta de cambio a este arista del proyecto también es coincidente entre ambos economistas, que presentaron sus reparos a la modifición legal ante la Comisión del Trabajo del Senado este martes, que está en su segundo trámite constitucional.

Se trata de algo que ya han planteado otros sectores y que apunta a la posibilidad de reemplazar a los empleados que están en huelga con otros trabajadores que también trabajan en la empresa.

"En la OCDE hay pocos países que permiten el reemplazo externo. Hay algunos como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido. Pero lo que es muy notable es que la habitual uninanimidad sí permite el reemplazo interno (...) y ocurre en países con altas tasas de sindicalización", explicó Felipe Larraín, apuntando a uno de los objetivos de la Reforma Laboral que es fortalecer los sindicatos.

El ex titular de Hacienda de Sebastián Piñera enfatizó en el problema que esto podría generar para los sectores que producen productos perecibles, como la agricultura. "Yo me temo que impedir el reemplazo interno nos podría dejar en una realidad similar a la que hemos quedado luego de la Reforma Tributaria, que es una situación única en el mundo. Yo sugeriría no tratar de innovar y no ser tan originales", puntualizó.

"Evidente que uno quiere que la huelga sea una instrumento de negociación de los sindicatos y que tenga un costo. La pregunta es cuál es el costo, cuál de eso instrumentos se deben entregar, y cómo se hace para que sea productivo y no destructivo", explicó Andrés Velasco, quien también apunta a que la ley debe "dejar expresamente establecido que se permite el reemplazo de trabajadores internos" y que esas funciones que podría asumir el empleado estén en el contrato.

Una de las propuestas es que en las empresas medianas y pequeñas se permita una mediación forzada al cabo de 15 días de huelga: "No es un invento que vayamos a acuñar en Chile, existe en muchas partes".

En ese sentido, afirmó que hay que mirar "el contexto general de negociación colectiva en Chile, más bien tendiente al conflicto que a un acuerdo, eso hace posible interrupciones de carácter indefinido y sin expresión de causa. Especialmente, para las pequeñas y medianas empresas, eso puede ser dañino".

Más cambios

En cuanto otros puntos polémicos, como el Piso de Negociación, Velasco apuntó a que el proyecto da valor a cada prestación individual -sueldo, gratificación, beca, seguro, etc- pero "a nuestro entender lo que debería estar resguardo es el valor del conjunto" de beneficios, porque o si no "le da al sindicato una camisa de fuerza" en la negociación.

Además afirmó que debería quedar como una obligación para la empresa "justificar económicamente la respuesta que le da al sindicato, de modo que el sindicato sepa por qué el empleador se acoge o no se acoge, y así tener un diálogo social mucho más informado y no a golpes".

En cuanto a la Titularidad Sindical y los Beneficios de la Negociación Colectiva, Larraín afirmó que el proyecto "establece un verdadero monopolio sindical".

"Es un problema bastante serio" porque "establece lo que podríamos llamar una sindicalización forzosa". Para que no se produzca esto, el director de Clapes UC propone un mecanismo que elimina los desincentivos a la sindicalización, en el que los trabajadores que se acojan a los beneficios del convenio colectivo deberán pagar e 100% de la cuota de los sindicatos.

Además, recordó que la OCDE recomienda la extensión de los beneficios a los trabajadores no sindicalizados, mientras que la OIT lo establece como una obligación.

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