SANTIAGO.- Cinco años han pasado desde que el Tribunal Constitucional hizo un llamado a los colegisladores (Poder Ejecutivo y Legislativo) para que perfeccionaran la Ley de Isapres respecto del ajuste de precios y la tabla de factores.
El no haber abordado este desafío trasladó este problema a las cortes, lo que ha afectado financieramente a las aseguradoras privadas de salud.
Al 22 de septiembre pasado, según informa "El Mercurio" en su edición hoy, los nuevos recursos de protección contra el alza de precios de las Iisapres —Banmeédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Masvida y Vida Tres— en las cortes de apelaciones a lo largo del país sumaban 102.110, una cifra 40% superior a la registrada al tercer trimestre de 2014.
Además, esta cifra supera los 98.888 recursos ingresados durante todo el año pasado.
Las únicas isapres que reducen su judicialización son Banmédica y Vida Tres, las cuales decidieron no reajustar los precios de sus planes para el periíodo 2015-2016.
Altura Management calcula que este año 143 mil afiliados al sistema de salud privado buscarán en tribunales congelar el precio de sus planes.
Según cálculos de la consultora, esto representará un gasto estimado de $17.043 millones en costas por estos recursos durante 2015. La cifra es menor a los $24.138 millones que estimaba a principios de año. ¿Qué cambió este escenario? El que la Corte de Apelaciones de Santiago y la de Antofagasta rebajaron sus costas.
Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres, hace énfasis en que la solución ha sido propuesta reiteradamente por el gremio: "Al actual sistema se le puede aplicar algún mecanismo de ajuste regulado de precios, que un panel de expertos resuelva y, de esta forma, se evite la judicialización".
En tanto, para el nuevo sistema no sería necesario este proceso, porque los planes serían los mismos.
Caviedes puntualiza que "la ley contempla un mecanismo y una facultad específica para el superintendente de salud, que perfectamente podría resolver estos temas sin costas".
El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, destacó que "la judicialización es un problema para el sistema, pero en sí misma es el síntoma de un problema mayor y que tiene que ver tanto con una falta de marco normativo sobre la materia, como también por la forma en que las isapres han ejercido la facultad de subir los planes unilateralmente".