SANTIAGO.- La comisión premanente de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la Cámara de Diputados finalizó este martes, en sesión extraordinaria, la votación en particular de los artículos permanentes y transitorios de la modificación del Código de Aguas.
El articulado sometido a análisis estaba incluido en la indicación sustitutiva enviada por el Ejecutivo en octubre de 2014. La votación en particular se inició en enero del año en curso.
Las modificaciones aprobadas aseguran el establecimiento como prioritario del uso de este recurso para consumo humano y prohíbe constituir derechos de aprovechamiento de aguas en glaciares ni en las áreas declaradas bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad.
Al mismo tiempo, fortalece las atribuciones de la administración para prorratear y redistribuir las aguas y preservar la sustentabilidad de los acuíferos y define las instancias en las que la Dirección General de Aguas (DGA) limitará temporalmente el ejercicio de las extracciones.
Entre otros aspectos, la normativa propuesta promueve el uso efectivo del derecho de aprovechamiento y aumenta las sanciones por no darle utilización, perfecciona el mecanismo de cobro de patentes por no uso y establece plazos para la extinción de dichos derechos cuando no se realicen las obras necesarias para su utilización.
En el articulado transitorio, asimismo, se establecen nuevos mecanismos para la regularización de usos consuetudinarios del recurso.
"Se cumple así lo anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet en mayo de 2014, cuando expresó que su gobierno buscaría reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas", expresó el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
En tanto, el director general de Aguas, Carlos Estévez, resaltó que buena parte del articulado fue aprobado de manera unánime por los integrantes de la instancia parlamentaria, "lo que demuestra la preocupación de los diputados por relevar el agua como un bien nacional de uso público" y "permitir a la autoridad contar con mayores atribuciones para fiscalizar y tomar decisiones en pos del interés público, cuando el recurso es escaso".
