SANTIAGO.- La Corte Suprema confirmó el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que aplicó una
multa de US$ 60 millones en contra de las empresas Agrosuper S.A., Ariztía S.A. y Don Pollo Limitada por colusión.
Asimismo, el fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal ratificó la orden de disolución de la Agrupación de Productores Avícola (APA) y el pago de 2 mil UTA (cerca de $1.000 millones).
Según el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), las firmas coludidas "
celebraron y ejecutaron un acuerdo entre competidores en el mercado de producción y comercialización de la carne de pollo".
"Consistente en limitar y asignar cuotas de producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional, coordinado mediante el permanente intercambio de información sensible, estratégica y detallada del negocio entre las tres empresas productoras en el seno de la asociación gremial a que pertenecen", indicó el documento que fue presentado en diciembre de 2011.
Los
alegatos por este caso ante el máximo tribunal del país finalizaron en marzo pasado, en donde mientras la FNE insistía en el cartel, una de las firmas acusaba vicios en la acusación del persecutor.
Agrosuper se defiende
A través de una declaración pública, la empresa Agrosuper "lamentó" que la Corte Suprema "no haya acogido los argumentos técnicos, económicos y jurídicos, avalados por connotados economistas, abogados y entidades expertas, con los que dejamos en evidencia los errores incurridos por la FNE en su requerimiento".
En esa línea, la firma aseguró que "nos asiste la convicción de haber obrado siempre de buena fe y en cumplimiento de la normativa aplicable".
Por último, Agrosuper señaló que "redoblará sus esfuerzos a fin de que su gestión continúe en la senda de incorporar los más altos estándares en la actividad que desempeñamos y que hoy rigen a nuestra sociedad".
Ariztía: resolución "es injusta y desproporcionada"
Empresas Ariztía aseguraron que la resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema, "la cual acatamos", la "consideramos injusta y desproporcionada".
"Además las elevadas multas que se aplican en esta resolución, representan un trato injusto y discriminatorio para Ariztía", añadió.
