SANTIAGO.- El Tribunal Constitucional (TC) analizará el fondo de la contienda de competencia que formuló el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra del Ministerio Público (MP), tras la solicitud formulada por este organismo para acceder a información reservada y confidencial relacionada con la investigación que dio pie al requerimiento por colusión contra CMPC y SCA (ex Pisa).
Tras los alegatos realizados durante la tarde de hoy, el Tribunal resolvió que el recurso presentado por el TDLC es admisible y anunció que espera resolver en definitiva esta causa prontamente.
En la audiencia de admisibilidad, la Fiscalía Nacional Económica fue representada por el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, quien valoró la decisión del Tribunal Constitucional y destacó la relevancia de este caso para salvaguardar la confianza del mercado en el sistema de libre competencia.
"Para la FNE no es indiferente el resultado de esta disputa, porque lo que está en juego son las garantías que el sistema de libre competencia otorga a los agentes económicos cuando les solicita información o cuando son sujetos a una investigación", dijo el fiscal.
"Hoy vemos que el Ministerio Público no ha sopesado el impacto de su solicitud, porque si se accede a su petición, esos antecedentes sí o sí se harían públicos, ya que por ley el Ministerio Público no puede asegurar reserva o confidencialidad después de 40 días", añadió.
Además, precisó también que "el Ministerio Público ha tenido acceso a la información relevante de la investigación, parte de la cual ya ha sido entregada, siempre con estricto apego a las normas que dicta el DL 211, esto es, a través de versiones públicas".
Asimismo, dijo que muchos de los documentos que aparecen tarjados, debido a que son reservados o confidenciales, se refieren a descripción de aspectos relevantes y sensibles del mercado investigado y de sus actores y no a hechos vinculados específicamente con la colusión que se acusa.
Finalmente, destacó que "a nuestro juicio, la decisión del Tribunal Constitucional no impediría al Ministerio Público continuar desarrollando investigaciones penales, para lo cual detenta un monopolio".
