TOKIO.- El gigante japonés Toshiba, afectado por un escándalo contable, quiere eliminar hasta 7.000 empleos sobre todo en su división de electrónica de consumo y deshacerse también de sus participaciones en dos subsidiarias para sanear sus cuentas.
La rama de electrónica más afectada por este recorte sería la de "estilo de vida", la división de peso que genera más pérdidas en la actualidad a Toshiba, adelantó hoy el diario Nikkei citando fuentes cercanas al asunto.
Esta rama emplea a más de 24.000 personas en Japón y otros países, pero de momento se desconoce cómo se distribuirían exactamente los recortes aunque se sabe que parte de los despidos se centrarían en una planta que fabrica televisores y ordenadores en Tokio cuya actividad la empresa quiere reducir desde hace tiempo.
Las ventas de este sector de negocio cayeron un 10 por ciento el pasado ejercicio y además su pérdida operativa fue 109.700 millones de yenes (823 millones de euros/905 millones de dólares).
Según Nikkei, la empresa también está pensando en deshacerse de su cartera en Toshiba Tec, dedicada a soluciones para negocios minoristas, y también de parte de su unidad de equipamiento de diagnóstico por imagen para hospitales, Toshiba Medical Systems.
Tras conocerse los planes de la empresa, los títulos de Toshiba y de Toshiba Tec, que también cotiza en la Bolsa de Tokio, se revalorizaron un 0,92 y un 8,59 por ciento respectivamente en el primer tramo de la sesión.
La empresa con sede en Tokio pretende obtener con la venta de activos una liquidez que le permita llevar a cabo un plan de reestructuración que afecta a sus deficitarias ramas de televisores o dispositivos electrónicos tras el escándalo.
En el caso de Toshiba Medical Systems, la matriz estaría pensando en vender parte de su cartera a un fondo de inversión.
Tras destaparse este año el fraude de Toshiba, la empresa ha reconocido que entre 2007 y 2014 sobrestimó sus ingresos por ventas en 224.800 millones de yenes (1.680 millones de euros/1.857 millones de dólares).
También que infló su resultado operativo en 155.200 millones de yenes (1.160 millones de euros/1.282 millones de dólares) en lo que supone uno de los mayores escándalos financieros en Japón de los últimos años.
