Tamara Agnic, superintendenta de Pensiones
Héctor Aravena, El Mercurio
SANTIAGO.- Las consecuencias del dictamen que emitió el pasado miércoles la Contraloría General de la República,
en el que objetó la fusión de las AFP Cuprum-Argentum, amenazan con escalar.
La Superintendencia de Pensiones, que dirige Tamara Agnic y que autorizó esta operación en el marco de la reforma tributaria aprobada el año pasado por el Congreso Nacional, presentará este lunes un recurso de aclaración ante la propia Contraloría.
Para estos efectos, la Superintendencia será representada por la abogada constitucionalista Olga Feliú.
La ex senadora, ex subcontralora y ex presidenta del Colegio de Abogados es tajante: califica el dictamen del órgano contralor como "una situación de extrema gravedad", según una minuta a la que tuvo acceso
"El Mercurio".
La fusión entre las AFP Cuprum y Argentum fue aprobada por la Superintendencia de Pensiones en enero de este año y le significó a su controlador, el grupo norteamericano Principal Financial Group, un beneficio tributario -o goodwill - de US$ 130 millones.
Esto último derivó en públicas diferencias entre la superintendenta Agnic y su superiora, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón; una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y denuncias ante el Ministerio Público, en una operación que además ha estado bajo la lupa del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otras instituciones.
Agnic -que a raíz del dictamen de la Contraloría
puso su cargo a disposición de la Presidenta de la República- se ha defendido, argumentando que la Superintendencia en ningún caso optó por un camino express para aprobar la fusión y que, muy por el contrario, "tenemos la tranquilidad de habernos ajustado 100% al marco legal vigente".
En entrevista con "El Mercurio" en octubre pasado, subrayó que, de no haberlo hecho, se habría puesto en graves problemas la institucionalidad del país, de cara, por ejemplo, a inversionistas extranjeros. Los mismos que, ahora, podrían emprender acciones legales, si el dictamen de la Contraloría se traduce en un freno a las operaciones ya autorizadas, como esta.
La Contraloría se pronunció a solicitud de los diputados DC Fuad Chahín y Patricio Vallespín, el primero integrante de la comisión investigadora de la Cámara.
En lo medular, el órgano contralor estimó que la fusión es "impracticable" e inadmisible, ya que -entre otras consideraciones- supone la existencia de dos o más sociedades cuando solo existía válidamente AFP Cuprum y no Argentum, con la que se unió.
