MONTEVIDEO.- El Parlamento de Uruguay completó este domingo la aprobación de una ley para capitalizar a la refinadora de petróleo estatal Ancap, la mayor empresa del país, cuyas pérdidas en años recientes son motivo de investigación y de polémica política.
Tras una sesión que duró unas 14 horas y terminó pasada la última medianoche (hora local), la Cámara de Diputados aprobó la inyección de US$ 622 millones a la Ancap (Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland) con los votos de 50 representantes del oficialismo, de los 89 legisladores presentes.
El Senado había aprobado la operación el pasado martes, también sólo con los votos del gubernamental Frente Amplio, una coalición de sectores mayoritariamente de izquierda.
La capitalización se llevará a cabo mediante la condonación de una deuda que la Ancap mantenía con el Ministerio de Economía, lo que mejora la contabilidad de la empresa estatal y le permite seguir funcionando. Eso se complementará con un crédito por US$ 250 millones de un organismo financiero regional.
Ancap sufrió en los años recientes pérdidas acumuladas por unos US$ 800 millones que fueron investigadas en los últimos meses de 2015 por una comisión multipartidaria en el Parlamento.
Casi a diario los medios de comunicación fueron informando sobre gastos sospechosos u obras que terminaron costando mucho más de lo previsto inicialmente, y el tema se instaló en la opinión pública haciendo caer los niveles de popularidad del Gobierno.
Legisladores opositores que integran la comisión investigadora aseguraron que hay mérito para denunciar la situación a la Justicia, lo que harán este mes, cuando presenten su informe final. El sábado, durante el debate de la capitalización, algunos hablaron de "fiesta", "despilfarro" y hasta "corrupción" en torno a Ancap.
Las críticas recaen fundamentalmente sobre el anterior titular de Ancap y actual vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, aunque desde la oposición también se responsabiliza políticamente al ex presidente del país y hoy senador José Mujica (2010-2015), uno de los principales referentes del Frente Amplio.
El Gobierno del presidente Tabaré Vázquez, que asumió el poder en marzo de 2015, reconoce que hubo fallos en la gestión de la empresa -cuya actividad principal es la refinación de petróleo y la venta en régimen monopólico de combustibles en Uruguay- pero niega hechos delictivos y ha mantenido a su cuerpo directivo.
