CPC condena y rechaza nuevo caso de colusión: "Daña la fe pública y afecta la sociedad"

SANTIAGO.- Frente al requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de Cencosud, SMU y Walmart por colusión en precios de pollos, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, reiteró la condena del gremio frente a este tipo de prácticas.

"Condenamos y rechazamos terminantemente la colusión y todo tipo de práctica que atente contra la libre y leal competencia que debe existir en los mercados, la cual constituye la principal garantía para que los consumidores accedan a los productos y servicios a precios competitivos", señaló el directivo.

En esa línea, indicó que "la colusión daña la fe pública y afecta profundamente la confianza entre los actores de la sociedad, factores indispensables para el adecuado funcionamiento de la economía, para el emprendimiento y las inversiones".

"En caso de confirmarse esta denuncia de colusión por parte del Tribunal de la Libre Competencia, en que por acuerdo de precios entre las empresas se haya obtenido ganancias por sobre lo que correspondía a un mercado competitivo, deberá aplicarse todo el rigor de la ley a los responsables y estudiar los mecanismos de compensación a los afectados", agregó.

Respecto del accionar de la FNE, Salas señaló que "nuestro país cuenta con una institucionalidad que ha demostrado que funciona adecuadamente frente a casos como éste, llevando a cabo de manera diligente las investigaciones y denuncias correspondientes".

Además, recordó que "el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso permitirá perfeccionar las normas de libre competencia, al contemplar el aumento de las sanciones y la creación de la figura del delito de colusión".

La FNE notificó a las cadenas mencionadas por haber acordado fijar, a través de sus proveedores, un precio mínimo de venta de carne de pollo fresca, al menos, entre 2008 y 2011, restringiendo la competencia en este mercado, presentando una acción judicial ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

De acuerdo al requerimiento, la investigación tuvo su origen tras el caso del cartel de pollo entre Agrosuper, Ariztía, Don Pollo (firmas condenadas a pagar multa por US$ 60 millones) y la Asociación de Productores Avícolas (sancionada con su disolución).