SANTIAGO.- La viabilidad del sistema de aseguramiento privado de salud será uno de los problemas que se tomarán la agenda este año. Ello, luego de que los resultados de 2015 se habrían visto impactados por la alta judicialización del ajuste de precios de los planes de las isapres, tanto así que cuatro de estas empresas terminarían con pérdidas operacionales.
El Gobierno ha dicho que este problema será abordado en la reforma que prepara, la que creará un plan de Cobertura Básica de Salud (CBS). El borrador de este proyecto estaría siendo revisado por los ministerios de Salud y de Hacienda, y hay autoridades que esperan que esté listo durante este mes, dice
"El Mercurio".
Con la implementación de la CBS -que será financiada con el 7% de la cotización obligatoria de salud más una prima comunitaria, que permitirá optar por diferentes redes de atención-, la Asociación de Isapres considera que se realiza un cambio profundo al sistema, incorporando solidaridad no solo por los ingresos, sino por sexo y edad.
La industria valora el hecho de que se incorpore un sistema de compensación de riesgo que permite la libre movilidad de los afiliados, sobre todo de aquellos con preexistencias.
Los riesgos
El borrador contemplaría fijar no solo las coberturas del plan de CBS (el producto) sino también la banda del precio y un sistema de reajuste. El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, dice que esto puede generar graves consecuencias en el sistema de isapres e incluso "desincentivar la participación de privados en el mercado".
Caviedes destaca que en Colombia -donde se fija el precio y el producto- la participación del sector privado es cada día menor. Además, el sistema está afectado por la judicialización del sistema, aunque el objetivo no es congelar los precios como aquí, sino solicitar coberturas adicionales de costo catastrófico.
"A esta idea central de modificación del modelo de aseguramiento se le han ido colgando, como adornos al árbol de Pascua, conceptos que no aportan al cambio del modelo sino que reflejan una posición estatista", dice el timonel gremial y destaca entre ellas la creación del Fondo Mancomunado, al que se destinaría entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales de la cotización obligatoria de salud (7%).
Si este aporte es obligatorio tanto para los afiliados a Fonasa como al sistema privado, el Gobierno debería destinar, por lo menos, unos US$ 50 millones anualmente a este fondo creado tanto para el financiamiento de trasplantes de órganos como para medicamentos.
Además advierte que el sistema no puede seguir esperando una solución ante la judicialización: "Lo que está matando al sistema de isapres es la inacción de la autoridad".
Sin embargo, dentro del Gobierno hay quienes creen que el nuevo plan permitirá combatir la judicialización porque será una alternativa a los planes actuales. No obstante, esto dependerá de los tribunales, por lo que existe el riesgo de que quienes tienen congelados los precios continúen en esa situación
