Para las organizaciones en contra del proyecto, que se ubicaría en las cercanías de una falla geológica y rodeada de volcanes, la iniciativa no sólo es peligrosa para la población sino de alto impacto para la biodiversidad de la Patagonia donde se emplazarían las represas.
"El próximo paso será recurrir a los tribunales ambientales para revertir esta errónea decisión (...). Esperamos que los tribunales remedien lo ocurrido hoy", dijo Diego Lillo, abogado de la ONG FIMA.
Los embalses se ubicarán a 46 kilómetros de Puerto Aysén y las obras de construcción tendrán una duración de cinco años, e implican una millonaria inversión inicial de US$ 733 millones por parte de Energía Austral, una sociedad integrada por la minera Glencore y la australiana Origin Energy.
El coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, señaló que la resolución del Gobierno es una "burla".
"Tomar una decisión sobre un embalse de 13 mil hectáreas en una zona de alto riesgo como es la falla Liquiñe-Ofqui, rodeada de volcanes (...) es una irresponsabilidad", aseguró.
Aunque se mantuvo la RCA, el comité de ministros acogió parcialmente las reclamaciones relacionadas con fauna terrestre y riesgo asociada al llenado y operación de los embalses, lo que implicará un reforzamiento del plan de monitoreo.
Junto con ello, se hicieron precisiones respecto de materias de fauna acuática y flora terrestre, principalmente orientadas a incrementar el cuidado de algunas especies.
Pese a la ratificación ambiental, los dueños del proyecto aún no deciden la mejor alternativa de construcción de una línea de transmisión submarina que permitiría inyectar la energía al SIC.
