NUEVA YORK - El juez federal de Estados Unidos, Thomas Griesa decidió hoy habilitar a Argentina a que pague a los bonistas que aceptaron una reestructuración de la deuda, aunque lo condicionó a que el Congreso argentino apruebe una serie de leyes.
"Las circunstancias han cambiado tan significativamente como para declarar las medidas cautelares inequitativas y en detrimento del interés público", afirmó Griesa en un documento de cinco páginas hecho público hoy.
El levantamiento de las restricciones que pesaban contra Argentina permitiría al país pagar las cantidades adeudadas a los bonistas con los que ya alcanzó un acuerdo.
Sin embargo, el juez condicionó esta decisión al levantamiento por parte del Congreso argentino de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, algo a lo que el presidente Mauricio Macri se comprometió y para lo que estaría buscando los apoyos necesarios.
Además, Griesa estableció como condición que Argentina abone los acuerdos firmados con los acreedores hasta el 29 de febrero, que incluyen los tratos alcanzados con los fondos principales y varios minoritarios.
La decisión de Griesa viene justificada por tres acontecimientos. En primer lugar, el juez valoró el principio de acuerdo firmado por Argentina con "la gran mayoría" de los fondos tenedores de deuda, cuya suma de 6.200 millones de dólares supone el 85 por ciento del total de las reclamaciones.
En segundo lugar, señaló un "cambio completo de actitud" del Gobierno actual en relación con la administración anterior, al haber "abandonado todos los antiguos desafíos a las sanciones".
Finalmente, valoró positivamente la actitud de Macri de solicitar al Congreso argentino la aprobación urgente de las medidas necesarias, "un paso importante para cumplir con las condiciones de esta orden".
En relación a los fondos que habían solicitado al juez una extensión de 30 días más para negociar sus reclamos, el magistrado explicó que tal retraso "podría limitar seriamente la capacidad de la República de (...) obtener el capital necesario para financiar los acuerdos".
Además, recordó que la Corte de Apelaciones ya ha realizado un stay sobre su orden por dos semanas más, lo que permitirá a estos demandantes "amplio tiempo para continuar las negociaciones", aunque advirtió que el levantamiento de la sanción no puede utilizarse de ahora en adelante como arma negociadora.
En su escrito, Griesa aclaró que espera que las negociaciones con los fondos que no han alcanzado todavía un acuerdo continúe, y calificó de "exageradas" las reclamaciones de algunos fondos minoritarios que se quejaron de la falta de oportunidad para alcanzar un trato.
Argentina declaró el 23 de diciembre de 2001 la suspensión de pagos de su deuda soberana. Luego llevó a cabo dos etapas de reestructuración de la deuda en "default", en 2005 y 2010, con poco más de un 92 por ciento de adhesión, en las que se acordó una quita promedio del 65 por ciento.
Los "holdouts" no aceptaron estas propuestas y reclamaron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 100 por ciento de las deudas. El juez Griesa falló a favor de los acreedores y ordenó a la Argentina el pago de la sentencia.
Esta semana, Argentina alcanzó un principio de acuerdo con cuatro de los principales fondos especulativos de inversión por un valor de 4.653 millones de dólares, con una quita del 25 por ciento.