NUEVA YORK.- El gobierno argentino acordó con 155 acreedores individuales para pagar deuda en default por US$155 millones, en el marco de su oferta para saldar un multimillonario litigio en Nueva York, anunció el viernes el mediador judicial Daniel Pollack.
"Estoy muy complacido de informar del acuerdo por reclamos de 115 tenedores de bonos individuales con US$155 millones en títulos en default en casos pendientes ante el juez Thomas Griesa", afirmó Pollack en un comunicado emitido en Nueva York.
Estos preacuerdos se enmarcan en la oferta presentada el pasado 5 de febrero por la nueva administración del presidente de centroderecha Mauricio Macri para pagar US$6.500 millones, sobre un total de US$9.000 millones, a fondos especulativos y otros acreedores y poner fin así al multimillonario juicio por la deuda en default desde 2001.
El principal compromiso sellado hasta el momento fue el 29 de febrero con los dos principales fondos "buitres", NML Capital y Aurelius, así como otros dos grupos, a los que Argentina pagará US$4.653 millones.
Sobre el preacuerdo con los bonistas minoristas anunciado este viernes, Pollack precisó la mayoría optó por recibir "70% de sus reclamos", una de las opciones de la oferta argentina, en vez del 150% del capital, la otra alternativa.
Según el mediador, estos acreedores retiraron las apelaciones que habían presentado a la decisión del juez Griesa de levantar bajo condiciones sus medidas dictadas contra Argentina en el pasado, con el objetivo de facilitar que el país avance en su oferta que ya fue aceptada por más del 85% de los demandantes.
"Estos acuerdos no son con grandes y multimillonarios fondos especulativos, sino con inversores individuales y comunes que vieron la oportunidad, por primera vez en muchos años, de resolver sus reclamos con Argentina", indicó Pollack.
El gobierno argentino ya comenzó a desandar en el Congreso el camino para derogar dos leyes que impiden un acuerdo con esos querellantes que no aceptaron sus canjes de deuda de 2005 y 2010, primer paso exigido por Griesa para permitir que el país vuelva al mercado financiero internacional.
