TOKIO.- El fabricante nipón de vehículos Mitsubishi Motors cerró hoy en su mínimo histórico en la Bolsa de Tokio un día después de admitir que manipuló las pruebas de eficiencia de combustible de varios de sus modelos.
Al cierre de la sesión los títulos de la empresa, cuya cotización se mantuvo detenida hoy ante el exceso abrumador de solicitudes de venta, tuvieron que cerrar en el precio mínimo dentro del rango establecido por la normativa del parqué nipón.
Dicho precio es 583 yenes (5,3 dólares), un mínimo histórico que queda por debajo del anterior récord negativo de 660 yenes (6 dólares) de julio de 2012 y que supone un 20,46% menos con respecto al valor de cierre de la víspera.
Las acciones de la empresa ya perdieron el miércoles, cuando se empezó a adelantar información sobre el caso, un 15,16% hasta quedar en 733 yenes (6,6 dólares).
Los analistas apuntan a que la cotización de Mitsubishi Motors también podría verse detenida mañana ante la apabullante persistencia de los inversionistas por deshacerse de sus títulos.
La compañía admitió ayer que sus empleados modificaron la presión del aire de los neumáticos durante las pruebas para evaluar el consumo de cuatro modelos de minivehículos (autos con motores de menos de 660 centímetros cúbicos) de los cuales se han vendido unas 625.000 unidades en Japón.
Como resultado, estos vehículos (de los cuales la mayoría, unos 468.000, fueron comercializados por la también nipona Nissan Motor) fueron vendidos bajo la falsa garantía de que su consumo -una de las facetas que permite a los minivehículos ser competitivos- era entre un 5 y un 10% más eficiente de lo que en realidad es.
El caso contribuye a empeorar la reputación del sector, en entredicho tras el escándalo de manipulación masiva de pruebas de emisiones de Volkswagen.
Muchos analistas consideran que pone además en peligro la existencia de la propia empresa, que ya fue rescatada la década pasada financieramente por otras compañías del conglomerado Mitsubishi y que podría hacer frente a pagos en torno a los US$451 millones.
Este monto comprendería el recambio de componentes en los vehíulos afectados, indemnizaciones a consumidores, a Nissan (para quien fabricó los vehículos) e incluso al Gobierno nipón si se determina que los modelos afectados entraron en programas de subvenciones públicas gracias al falseo de estos datos.
