SANTIAGO.- La investigación que lleva adelante la justicia sobre el patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, alcanzaron un radio inicialmente impensado: toda la industria de proveedores de la institución.
En el marco de las indagatorias que llevan adelante el fiscal José Morales y el ministro en visita Omar Astudillo, la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) está revisando toda la documentación relacionada con las compras del Ejército entre 2010 y 2014, años en los que Fuente-Alba era el comandante en jefe de la institución, informa
"El Mercurio".
El encargo que tomó la Bridef no es menor. Este es un mercado millonario y complejo, en el que operan más de 120 empresas proveedoras y en que las compras promedian los US$200 millones al año entre 2005 y 2014, solo considerando el material que se adquiere con cargo a la Ley Reservada del Cobre.
En este campo opera una compleja red de empresas extranjeras, representadas en Chile generalmente por ex oficiales que, cada cierto tiempo, se enfrentan en tribunales o en Contraloría. La impugnación de licitaciones, investigaciones y auditorías son parte de esta actividad, en la que el poder civil no tiene el control total se la situación. Pero esto podría cambiar.
Nuevo esquema de compras limitaría lobby
El Ministerio de Defensa estudia una nueva doctrina en materia de compras militares, en la que el Ejecutivo tendría un mayor control sobre los recursos. El sistema de compras del Ejército depende del Comité Permanente de Adquisiciones y del Comando de Apoyo a la Fuerza, repartición que está bajo el mando del general de división Guido Montini.
De esta unidad se descuelga la Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército, que tiene como misión elaborar los requerimientos técnicos y la matriz de evaluación que serán utilizados en los procesos de licitación.
Según proveedores del Ejército que prefieren mantenerse en reserva, es en esta instancia donde se generan las condiciones para, eventualmente, favorecer a un proveedor por encima de otro.
"Se le asigna a un grupo de oficiales la tarea de analizar los proyectos y encontrar las mejores soluciones tecnológicas. Analizan las alternativas que hay en el mercado y dicen 'esto necesito'. El problema es que esos estudios generalmente salen coincidentes con las soluciones que ofrecen ciertos proveedores. De ahí en adelante, todo el proceso es regular, pero las bases de licitación ya están orientadas para que las puedan cumplir un grupo de empresas ya definido", afirma esa misma fuente.
Con posterioridad a la etapa de análisis, el comandante en jefe del Ejército, con la asesoría de un comité de oficiales, toma la decisión final y envía el proyecto al Ministerio de Defensa para su revisión y aprobación.
Al tratarse de compras reservadas, no todas las licitaciones son abiertas. En algunos casos se trata de licitaciones privadas, en que el Ejército convoca a algunos proveedores registrados en la base institucional de datos, y en otros, el camino que se adopta es el trato directo. Esto último ocurre por razones de confidencialidad.
Fuentes de Gobierno reconocen que este mecanismo de compras es poco transparente y adelantan que durante la cuenta anual del Ministerio de Defensa se entregarán algunas luces sobre la doctrina que quiere implementar el Ejecutivo en esta materia. Por lo pronto, dicen esas fuentes, el sistema de compras se ha ralentizado a causa de los mayores controles que se han implementado durante los últimos meses.
La idea es contar a futuro con un esquema de compras militares en que el poder civil tenga algún control en las instancias en que se resuelve qué comprar, de modo que el rol de las autoridades no se circunscriba solo a aprobar o rechazar los proyectos que ya vienen zanjados por las ramas; evaluar cuál es el tiempo máximo que los uniformados pueden desempeñarse en las unidades que están a cargo del desarrollo de proyectos y de compras y establecer mecanismos para controlar las actividades de lobby de las empresas proveedoras de las Fuerzas Armadas.
El segundo semestre de este año el Gobierno presentará, además, un paquete de indicaciones para reactivar el debate legislativo del proyecto que pretende modificar la Ley Reservada del Cobre.
