LONDRES.- El ministro de Economía del Reino Unido, George Osborne, advirtió este viernes a los británicos de que el "brexit" o salida de la Unión Europea (UE) disminuiría el valor de sus pensiones.
El ministro presentó un último informe de su departamento antes de que hoy entre en vigor el veto a la participación de organismos públicos en la campaña previa al referéndum de pertenencia a la Unión Europea, que se celebra el 23 de junio.
Este nuevo análisis del Tesoro mantiene que abandonar la UE tendría tal impacto en la economía británica -con un aumento de la inflación y una caída del precio de la vivienda y del PIB- que los fondos privados de pensiones perderían, en el peor escenario, unos 300.000 millones de libras (400.000 millones de euros).
En un escenario menos adverso, el valor de los activos de las personas de más de 65 años se devaluarían en 170.000 millones de libras (225.000 millones de euros).
El informe sostiene que una persona de más de 65 años con un plan privado medio con inversiones en propiedad y otros activos perdería en torno a 18.000 libras (24.000 euros) en un escenario menos adverso, y 32.000 (42.000 euros) en el peor de los casos.
La pensión básica estatal también se resentiría por el efecto de una mayor inflación, se señala en el documento.
Osborne dijo a los pensionistas que "deben tener en cuenta lo que se juegan" al votar en el plebiscito del 23 de junio, en un intento de persuadir a ese segmento de la población de la necesidad de apoyar la permanencia.
Según las encuestas, los votantes de más edad tienen más probabilidad de ir a votar el próximo mes y también es más probable que apoyen el "brexit".
Un portavoz de la campaña "Vote por salir", el exministro conservador de Trabajo Iain Duncan Smith, criticó el estudio al afirmar que "el mayor peligro" para las pensiones son las reformas previstas por la UE, y acusó al Gobierno de "intentar distraer" de unas estadísticas publicadas ayer que revelaron un aumento de la inmigración al Reino Unido en 2015.
A partir de hoy, todos los organismos públicos, incluido el Gobierno, tienen prohibido hacer informes o aportar información a la campaña del referéndum, que queda en manos de los grupos registrados con la Comisión Electoral para defender las opciones de la permanencia y el "brexit".
