SANTIAGO.- La Cámara de Diputados rechazó el artículo 64 del proyecto de ley que fija las normas para la defensa de libre competencia, que había sido modificado en el Senado, por lo que ahora la iniciativa deberá ser zanjada en comisión mixta.
Si bien el proyecto en general fue aprobado por amplia mayoría, el polémico artículo fue rechazado por 39 votos a favor, 67 en contra y 1 abstención y tiene que ver con que las investigaciones en casos de colusión sólo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Este punto causó el rechazo del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien enfatizó ayer que "nos parece que si se requiere que el delito de colusión sea sancionado y que va a ser castigado con penas que llegan hasta los diez años, es importante que el ejercicio de la acción penal le corresponda al órgano constitucional encargado de hacer investigación y persecución penal, o sea el Ministerio Público".
El texto será analizado ahora por una comisión mixta, que por parte de la Cámara integrarán los diputados Jaime Bellolio (UDI), Fuad Chahin (DC), José Manuel Edwards (RN), Maya Fernández (PS) y Daniel Farcas (PPD).
La iniciativa castiga en forma más severa las prácticas desleales de competencia en los mercados, en particular la colusión; define un nuevo régimen de control de operaciones de concentración o fusiones; la protección de los derechos de los consumidores; establece una nueva facultad de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para estudiar la evolución competitiva de los mercados; y fija sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la FNE.
Respecto de la criminalización de la colusión, el Senado mantuvo los principios aprobados por la Cámara de Diputados de cárcel efectiva de a lo menos un año para autores del delito de colusión, inhabilidades para desempeñar cargos públicos y protección de la delación compensada, por considerarla indispensable para desbaratar una eventual colusión.
El diputado Fuad Chain (DC) valoró que la Cámara haya "enmendado un error del Senado" al rechazar este punto. "De alguna manera lo que hizo el Senado fue debilitar a tal punto la persecución penal del delito de colusión haciéndola depender de un sólo funcionario público, que es el fiscal nacional económico
y en segundo término desplazándola en el tiempo, varios años, porque sólo puede ejercerse tras una sentencia del Tribunal de Libre Competencia".
"Nadie entendería que a estos delincuentes de cuello y corbata se le den tantas facilidades como el le daba el proyecto que aprobó el Senado", resaltó.
