CIUDAD DE PANAMÁ.- Panamá inaugurará la ampliación de su Canal interoceánico el domingo 26 de junio, tras un largo calvario que incluyó disputas laborales y reclamos por sobrecostos y fisuras, que retrasaron más de año y medio su entrada en operaciones.
"La inauguración de la ampliación del Canal de Panamá supone nuevas oportunidades para el comercio internacional y para Panamá significa el fortalecimiento de sus ventajas competitivas como centro logístico", dijo el presidente panameño, Juan Carlos Varela.
Panamá invitó a los actos de inauguración a 70 gobernantes, aunque al final solo asistirá una decena, entre ellos las presidentas de Taiwán, Tsai Ing-wen, y de Chile, Michelle Bachelet, además de algunos gobernantes centroamericanos y caribeños.
El proyecto consistió en la construcción de un tercer carril con nuevos juegos de esclusas, uno en el Pacífico y otro en el Caribe, además de otras mejoras en la vía.
"La obra ha concluido a suficiente satisfacción para nosotros para poder aceptarla y ponerla a operar", dijo el jefe de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano.
Por el Canal panameño, cuyos principales usuarios son Estados Unidos, China y Chile, pasa 5% del comercio marítimo mundial, sobre todo entre el país norteamericano y Asia.
Según las previsiones, en la próxima década pasarán por la ruta 600 millones de toneladas de mercancía al año, el doble que en la actualidad.
"Vamos a hacer un buen negocio", aunque "depende de qué tanto es el crecimiento de las naciones a las cuales suple de alguna manera el Canal de Panamá", anticipó Quijano.
Con la ampliación, el tesoro panameño espera en 10 años triplicar de forma gradual los cerca de US$1.000 millones que recibe anualmente de las operaciones del Canal.
"Con el Canal expandido, no solo aumentarán los ingresos que van al tesoro nacional, sino que se expande la oportunidad de otras actividades", dijo el ex presidente panameño Nicolás Ardito Barletta, ex vicepresidente del Banco Mundial para América Latina.
Costo real superó al previsto
La inauguración de la ampliación se produce 20 meses después de lo previsto y tras un largo calvario.
Las continuas disputas entre la ACP y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), principal contratista del proyecto, retrasaron los trabajos.
En 2014, la tensión llegó al máximo cuando el consorcio, integrado por la española Sacyr, la italiana Salini Impregilio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, detuvo la obra durante 15 días por falta de flujo de caja y reclamos por sobrecostos.
La suspensión de los trabajos tuvo lugar después de que la ACP acusara a GUPC de no utilizar el cemento exigido en el contrato.
A esto hay que añadir varias huelgas y la aparición de fisuras por donde se filtraba el agua en una de las nuevas esclusas.
El costo de las obras ya supera en US$200 millones el cálculo inicial de 5.250 millones y su cuantía final es incierta porque GUPC ha planteado reclamos por US$3.500 millones.
