BUENOS AIRES.- La cantidad de pobres creció en Argentina y sumó 1,4 millones de personas entre enero y mayo, por lo que 13 millones de trasandinos se encuentran en situación de pobreza -de un total de 41,45 millones de habitantes-, según un informe de la Universidad Católica de ese país (UCA).
Según el estudio, un 32,6% de la población (una de cada tres personas) se encuentra en situación vulnerable, cifra mayor al 29% que se estimaba a finales de 2015. El hecho se da en el marco de una caída en el consumo y un aumento de precios.
El trabajo, que actualiza un informe de abril, alerta sobre la necesidad de una "distribución más equitativa del ajuste" en los primeros meses del gobierno del presidente Mauricio Macri.
La tasa de indigencia, en tanto, subió de 5,3% a finales de 2015 a 6,9% en marzo pasado y afecta a 6,2% de la población, lo que revela un aumento de 350.000 personas en situación de indigencia (inferior a necesidades alimentarias) que alcanza a 2,3 millones, según la UCA.
Los principales afectados
El documento alerta sobre los riesgos sociales del clima recesivo de la economía en Argentina, que no solo afectan "a los más vulnerables, que dependen de la ayuda social, sino también millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajo precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales", advierte.
Según la UCA, se trata de sectores sin protección "frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad".
Considera que se trata "de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares que constituyen los 'nuevos pobres' que emergen de las medidas normalizadoras adoptadas por el gobierno".
El trabajo advierte además sobre "los abusos" cometidos por "algunos sectores, en particular los empresarios", y refiere al "aumento generalizado de precios antes, durante y después de la devaluación, así como incluso después del ajuste de tarifas, aún a pesar de la caída del consumo y la recesión".
El incremento de la pobreza se produce en un contexto de alta inflación (47% anual), miles de despidos y de fuertes alzas en las tarifas de los servicios básicos, ahora frenadas en la justicia.
