SANTIAGO.- La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó esta mañana la ley que perfecciona el Sistema de Defensa de la Libre Competencia, que incluye penas de cárcel a los delitos de colusión.
En una actividad en el Palacio de La Moneda, al que asistieron ministros de Estado y representantes empresariales, la Mandataria destacó el avance en esta materia.
"Todos hemos conocidos casos de personas, empresas, organizaciones, que han abusado de la confianza de nuestros compatriotas, buscando obtener con malas prácticas beneficios que jamás lograrían con el juego limpio del mercado", dijo.
En esa línea, señaló que "la ley que hoy día estamos promulgando es una respuesta contundente y severa, no solo porque es una buena ley, también porque es la culminación de un trabajo transversal entorno a acuerdos sólidos entre todos los sectores".
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, destacó que la nueva normativa también busca "potenciar la competencia en nuestro mercados ya hemos visto que los buenos efectos que tiene la libre competencia , la competencia en los mercados".
"Tenemos que ser capaces de darles a nuestros emprendedores e innovadores también la posibilidad de hacer crecer sus negocios, si los mercados no funcionan bien, sino hay libre competencia, no podemos transformar al emprendimiento y la innovación en un motor de desarrollo por eso es importante esta ley también para ellos que quieren llevar adelante sus ideas", planteó.
Detalles de la nueva ley
Establece penas con cárcel de entre 3 años y un día a 10 años a las ejecutivos que sean declarados culpables en los casos de colusión, y asegura que los infractores cumplan a lo menos un año de presidio efectivo.
También otorga atribución exclusiva a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que inicie acciones penales en los casos en que se produzcan colusión, y deberá hacerlo obligatoriamente cuando se afecte la libre competencia.
Además, define un nuevo régimen de control de operaciones de concentración o fusiones; la protección de los derechos de los consumidores; y fija sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la FNE.
