SANTIAGO.- Tomás Menchaca es una de las voces más experimentadas en materia de libre competencia en el país.
El ex presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y socio fundador del estudio de abogados Menchaca & Cía, integró la Comisión Resolutiva (1997-1999), luego desde 2004 a 2010 se desempeñó como ministro titular del TDLC, para luego ser el presidente de dicho organismo por seis años, hasta 2016.
En todos esos años participó, entre otros, en la revisión de casos como la fallida fusión de Falabella y D&S, la colusión de las farmacias, el cartel de los pollos y la fusión LAN-TAM.
Menchaca accedió a analizar en "
El Mercurio" el impacto sobre el sistema de libre competencia tras la inédita filtración de la delación que realizó CMPC, donde esta se acusó por participar entre 2002 y 2009 —según su versión— en una colusión en el mercado de pañales junto a Kimberly Clark. Si bien este caso habría expirado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) reconoció que aún lo investiga.
El ex titular del TDLC admitió que la filtración puede "introducir un daño" al esquema de delación compensada, clave para desbaratar carteles, y propuso aumentar el reguardo de información de carácter confidencial.
—¿Qué le parece el debate que se ha generado por la filtración del caso pañales?
"Aparte de la reacción negativa por conocer un hecho de colusión, hay dos situaciones que son relevantes. Una es el que se haya producido una filtración, que es bastante delicado porque en un proceso de delación compensada lo ideal es que el fiscal (económico) pueda hacer su investigación tranquilo y sin que se filtren los antecedentes. Pero la noticia buena, si es verdad lo que se ha dicho, es que nuevamente se comprueba que las herramientas de detección de carteles y la institucionalidad de libre competencia en Chile están funcionando".
"Si esto estaba siendo indagado por la Fiscalía Nacional Económica y esta colusión hubiese terminado en 2009, significaría que este como muchos otros casos de colusión se habrían dejado de producir como consecuencia de la actuación bastante eficaz de organismos como la fiscalía y el TDLC. En 2009 se hizo una reforma a la ley de libre competencia para apoyar la lucha contra los carteles, estableciendo el mecanismo de delación compensada y las medidas intrusivas de la fiscalía, es decir, la posibilidad de interceptar comunicaciones y efectuar allanamientos para obtener documentos, computadores, etcétera, con la previa autorización del tribunal y de un ministro de la Corte de Apelaciones".
—También se ha debatido sobre la pertinencia de que la fiscalía acusara antes a CMPC y Kimberly Clark. ¿Qué opina usted? ¿Actuó bien o mal la FNE al dividir en dos la delación de CMPC?
"Lo de dividir en dos es una decisión de la fiscalía y prefiero no pronunciarme. Entiendo que la delación se refería a dos conductas, una tenía antecedentes para iniciar un requerimiento y la otra, si es verdad lo que se ha publicado, si se hizo una investigación, es razonable que la fiscalía presente un requerimiento cuando tenga antecedentes para hacerlo. Mientras la investigación no termine, no se tenía por qué presentar un requerimiento. Hay que comprobarlo no solo con la empresa que lo dijo, sino con los otros partícipes de la colusión, nunca se puede hacer por una sola compañía. Obviamente había que acreditar las responsabilidades de otros actores que estuvieran en la colusión para presentar un requerimiento en contra de ellos. El que se delató está protegido por el beneficio de la delación".
—¿Recuerda algún caso de filtración de este tipo?
"No. Del tribunal nunca se ha filtrado nada y de la fiscalía no recuerdo ningún caso de filtración. Nunca había pasado".
—¿Qué peligros puede generar esta filtración para la institucionalidad de la libre competencia? ¿Puede introducir temor entre quienes evalúen delatarse?
"El que se delató ya lo hizo público en su momento y lo único que ocurre es que se sabe con bastante posterioridad. Pero desde el momento que delató, la posibilidad de que esto se haga conocido está entre las alternativas que debe haber considerado el delator. Ahora, creo que para la institucionalidad el que la información que es estrictamente confidencial sea conocida puede introducir un daño a la figura de la delación compensada, que ha demostrado en el mundo ser tan eficaz para la lucha contra los carteles".
—¿Puede generar ruido?
"Puede generar algún ruido. Espero que no sea mayor porque ha sido un caso absolutamente aislado, pero efectivamente este tipo de casos dañan la figura de la delación compensada, que es una de las herramientas para perseguir carteles".
—¿Cree que hay que proteger a la institucionalidad de libre competencia o cuestionarla?
"Hay que cuidarla porque tengo clarísimo que tenemos una institucionalidad extraordinariamente seria, y precisamente eso es lo que ha logrado que muchos casos de colusión se hayan impedido, incluso, los más recientes que han saltado a las luz pública no serían conductas que se estén produciendo hoy".
—¿Es posible cuidar más los datos de las delaciones?"Hoy existe un buen sistema, pero desde el momento en que ocurren estos hechos, probablemente habrá que aumentar los niveles de resguardos. La institucionalidad hasta ahora lo ha hecho bastante bien y ha logrado disuadir las conductas que se están produciendo".
—¿Hay sanciones contra quienes filtren temas confidenciales como delaciones?
"Si son funcionarios públicos, estos están sujetos a todas las penas por el incumplimiento de deberes establecidos en el Decreto de Ley 211. Con relación a la propia parte interesada, los que delatan se comprometen a guardar reserva".
