SANTIAGO.- Anoche, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto que modifica la actual Ley de Estacionamientos.
La iniciativa restablece la media hora de gratuidad a todo evento, lo que aumentan a 60 minutos si existen compras de bienes o servicio iguales o superiores a un octavo de UTM y 60 minutos adicionales, en los casos que la compra de bienes o servicios sean por un cuarto de UTM.
El diputado DC, Fuad Chahin, explicó que "muy pronto la sala tendrá que pronunciarse sobre este proyecto que ingresamos en marzo para corregir todo lo que ocurrió con la actual ley, que fue sustancialmente afectada en el Senado".
Añadió que "la idea, además de la gratuidad, es que se aprobó eliminar la frase que afirmaba que la responsabilidad de los daños hurtos que se generen al interior del estacionamiento, solo procedería cuando el proveedor del servicio no tenga las medidas de seguridad adecuada, por lo que el afectado no tendrá que probar esta situación".
El proyecto -que busca reemplazar a la normativa aprobada en septiembre pasado- también incorpora una norma que garantiza el uso de los estacionamientos para los trabajadores de los mall y centros comerciales y "en el caso de los estacionamientos de giro único se elimina la norma que fijaba el cobro por minuto de uso para permitir ofertas por horas cumplidas, situación que hizo presionar el alza del cobro en los estacionamientos", destacó el parlamentario.
Indignación de los centros comerciales
"Deploramos que en un periodo preelectoral se pretenda aprobar normas que, por su naturaleza e impacto, requieren un debate serio y acucioso", señaló en una declaración la Cámara Chilena de Centros Comerciales.
El gremio afirmó que "se trata de una iniciativa que, bajo la apariencia de favorecer a los consumidores, terminará perjudicándolos, por cuanto implicará la paulatina disminución de la oferta de este servicio, al imponérsele condiciones contrarias a la racionalidad económica ya que establecería, en la práctica, la fijación de precios y la imposición de gratuidad a un servicio fruto de una inversión legítima, realizada por particulares para servir a sus clientes".
Además, la Cámara de Centros Comerciales agregó que "el sistema propuesto distorsiona el valor de mercado del servicio y fomenta el uso del automóvil, contrariando toda las recomendaciones de los expertos".
Por último, aseguraron que "el actual proyecto de Ley no cumple con el más elemental estándar constitucional, ya que sería la primera norma legal que fija precios de transacciones privadas en los últimos 40 años".
