GINEBRA.- El banco suizo Credit Suisse prohibió a sus empleados que negocien o acepten como garantía determinados bonos vinculados al Gobierno venezolano o a la petrolera estatal PDVSA, debido a la "actual situación" de crisis.
Los títulos venezolanos con los que "está expresamente prohibido negociar o aceptar como garantía en cualquier transacción financiera" son los bonos emitidos por "cualquier entidad" venezolana después del 1 de junio de 2017, unos bonos al 6 % que salieron al mercado en 2014 por parte de PDVSA y que vencen en 2022, y un bono soberano al 6,5% con madurez en 2036.
Credit Suisse tomó esta decisión "a la vista del clima político y los recientes eventos en Venezuela y las medidas tomadas por el actual Gobierno" de Nicolás Maduro, señaló un portavoz de la entidad financiera helvética.
"Queremos asegurarnos de que Credit Suisse no provea los instrumentos a nadie para violar los derechos humanos de los venezolanos", añade la entidad sobre el paso que ha dado.
"Desde una perspectiva reputacional, Credit Suisse no quiere verse implicado en ninguna transacción o acción que pueda ser percibida como una facilitación al actual régimen venezolano para que continúe violando los derechos humanos de los venezolanos", recalcó el portavoz.
La ONU indicó el pasado martes que las fuerzas de seguridad venezolanas han maltratado de forma "sistemática y generalizada" a miles de manifestantes y han detenido de forma arbitraria al menos a 5.000 personas, muchas de las cuales sufrieron "torturas" durante su arresto o reclusión.
Además, en las olas de protestas antigubernamentales han fallecido 124 personas, 73 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos afines.
Credit Suisse toma esta medida después de la criticada compra por parte de Goldman Sachs de bonos de PDVSA por valor de 2.800 millones de dólares y cuando el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto sanciones a Maduro y a una treintena de funcionarios de su Gobierno, además de al hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, Adán Chávez.
EE.UU. y la Unión Europea no reconocen la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro por dudas sobre su legitimidad y, en el caso de algunas naciones latinoamericanas, reunidas esta semana en Lima, por considerar que se ha producido una ruptura del orden democrático.
