SANTIAGO.- Casi seis meses han pasado desde que el Comité de Ministros rechazó, en una polémica votación, el proyecto minero portuario Dominga. Sin embargo, y aunque desde el Gobierno han dado el tema por zanjado, una nueva ventana se abre para que la iniciativa de Andes Iron vea la luz.
Fue el 30 de noviembre del año pasado cuando la empresa presentó un recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. ¿El motivo? Revertir la decisión del Comité de Ministros -presidido por el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena- la cual mantuvo la decisión de la Comisión de Evaluación Regional de Coquimbo que se pronunció como desfavorable al proyecto.
Desde entonces, el caso quedó en manos del Tribunal y, de forma inédita para la institucionalidad ambiental del país, llamó por primera vez a una conciliación entre las partes.
Se trata de una instancia en donde abogados representantes de 9 terceras partes (particulares, agrupaciones y movimientos ambientalistas) más los abogados del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los de Andes Iron, intentarán llegar a un acuerdo respecto al futuro de Dominga, según información del Primer Tribunal Ambiental.
De esta forma, el 14 de marzo, los involucrados escucharán la propuesta del Tribunal, la cual podrá ser enriquecida por los 11 abogados presentes en la cita que estiman durará tres días. Así, un potencial acuerdo, a menos de una semana de haberse realizado el cambio de Gobierno, deberá ser aprobado por la futura ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos.
En otro escenario, de no llegar a un acuerdo entre las partes, el Tribunal dictará su sentencia el 30 de marzo. En caso de ser desfavorable para la empresa, Andes Iron podrá aún recurrir a la Corte Suprema.
El vacío y los riesgos de la institucionalidad actual
Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, comentó a Emol lo paradójico de la situación que actualmente se vive dentro de la institucionalidad ambiental del país y recalcó que "es muy difícil tratar de adivinar lo que pasará en esa reunión porque algo así nunca se había vivido antes".
Respecto al movimiento jurídico que realizó Andes Iron -el de continuar con el caso a pesar de que el Comité de Ministros fallara en contra del proyecto- el experto señaló que "la institucionalidad nunca se preparó para este escenario (...) esto que estamos viviendo es el primer bache de una institucionalidad que necesita ser mejorada".
En ese sentido, Godoy hizo énfasis en los "escenarios sumamente riesgosos" que se abren desde el punto de vista de la institucionalidad, "porque al final, la señal es que ni el Comité de Ministros es la última instancia".
"Hay un conflicto entre el Comité y los Tribunales, porque lo que hace en definitiva la empresa es ir y decir 'mire, ustedes están equivocados como Estado, entonces nosotros presentamos una demanda'", comentó el académico y apuntó que "todo este vacío pasa por mezclar un tema técnico con cosas políticas".
Lo anterior, porque "si esto hubiese sido netamente un tema técnico, los ministros habrían fallado de forma técnica y obviamente el proyecto podría volver a ser presentado si es que superara esas formas técnicas. Pero finalmente estamos viendo la vulnerabilidad del SEA porque finaliza en el Comité de Ministros que es netamente político".
US$2.500 millones tiene contemplada la inversión de Dominga
Respecto a los posibles desenlaces que podría tener la conciliación entre las partes, Godoy recalcó que depende mucho de las nuevas conversaciones que se tendrán con las nuevas autoridades de Gobierno, pero que independiente de lo que vaya a pasar, la señal que queda es que "grandes empresas con recursos, aunque no pasen el voto del Comité, podrán recurrir a los Tribunales y crear nuevas etapas para tratar de llevar adelante sus proyectos".
