SANTIAGO.- "Es realmente lamentable que por la negligencia y por los errores de la administración anterior se haya suspendido la encuesta", dijo el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, ante la serie de problemas que impidieron la realización de la Encla 2017, la principal encuesta laboral del país elaborada por el Ejecutivo.
Según publicó este martes El Mercurio, el Gobierno decidió iniciar un sumario administrativo para determinar los motivos que llevaron a que la empresa Statcom Datavoz no cumpliera con la recolección de los datos que sustentarían el estudio, que mide datos como niveles de remuneraciones o tipos de contrato, entre otros ítems, y que debía ser publicada este año.
La entidad se adjudicó la licitación para llevar adelante la Encla 2017 por un total de casi $260 millones el pasado 30 de mayo de 2017. Tras ello debía ejecutarse el trabajo de campo para la elaboración de la novena versión de la encuesta, que depende de la Dirección del Trabajo (DT), pero a partir de noviembre dejó de cumplir con el cronograma establecido.
A esa fecha ya se habían efectuado dos pagos que sumaban $91 millones en total. Pero ante los retrasos, la DT, entonces encabezada por el abogado Christian Melis, multó a la empresa el 9 de marzo de 2018, a solo dos días de que terminara el gobierno, pero no finalizó el contrato.
Una vez que Monckeberg y el sucesor de Melis, Mauricio Peñaloza, asumieron en sus cargos, decidieron poner término al contrato y hacer efectiva la boleta de garantía. En tanto, la firma encuestadora justificó su falta en que no había sido posible contactar a 3.218 empresas que debía encuestar y que la DT no entregó una muestra suficiente de reemplazo.
Ante las críticas realizadas por el secretario de Estado a la administración de Bachelet, la ex ministra del Trabajo en el periodo anterior, Alejandra Krauss, aseguró a Emol que "las autoridades entrantes y en particular el subsecretario Fernando Arab fueron informados verbalmente en el mes de febrero del problema que estaba surgiendo con esta encuesta".
"Incluso se les informó de todas y cada una de las medidas que estaban siendo adoptadas por la Dirección del Trabajo, porque entendíamos la importancia de esta encuesta y la complejidad de la misma. Se les informó para que ellos al asumir tomaran las correspondientes medidas", indicó la ex jefa de cartera.
Asimismo, Krauss destacó que "se conversó con ellos de las distintas alternativas que podían hacer uso, como hacer lo mismo que hizo la ex ministra Evelyn Matthei con la encuesta de protección social, que al constatar fallas técnicas decidió seguir adelante para no perder los datos que tenían y eso no sirvió y hubo que bajar esa encuesta y hacer todo de nuevo cuando asumimos el Gobierno en la Subsecretaria de Previsión Social".
"O, lisa y llanamente, ponerle termino al contrato conforme a la evaluación que ellos realizaran a contar del 12 de marzo y aplicar las boletas de garantía, de tal manera de no generarle perjuicio al fisco y tomar las medidas que correspondieran y realizar una nueva encuesta", añadió.
Los descargos de la ex ministra
La ex ministra subrayó que "de todo fueron informados y el ex director del Trabajo Cristián Melis también le informó a Peñaloza de todas las medidas que se habían adoptado en relación a esta encuesta. Administrativamente, en el ámbito de las facultades legales que toda autoridad tiene y cumpliendo la ley, eso fue lo que se realizó".
También recordó que "frente a los incumplimientos que efectivamente la empresa había comenzado a incurrir y que fueron detectados en el mes de diciembre y a principios de enero, la autoridad actuó dentro de sus facultades y conforme a la ley, porque no nos olvidemos que toda contratación pública está normada".
"Entonces, dentro de ese marco normativo, el director del Trabajo ordenó la aplicación de las multas conforme al contrato el inicio de la investigación sumaria y que el 12 de marzo, que correspondía al próximo hito, se evaluara el eventual término del contrato y el hacer valer las boletas de garantía que correspondieran conforme al contrato y a la ley", indicó.
Consultada sobre por qué se le realizaron pagos a Statcom Datavoz por 91 millones de pesos ncuando aún no habían cumplido el 30% de la muestra, respondió que dicho monto fue cancelados al inicio de la ejecución, "conforme a las bases y al contrato, al inicio de comenzar a procesar y a preparar la encuesta propiamente tal".
"Todo fue debidamente informado a las autoridades entrantes. No pueden alegar ignorancia o que se sorprendieron por esta situación. Qué más quisiéramos nosotros como autoridad que esto no hubiera ocurrido, pero es parte de los procesos de licitación y por eso están las contrapartes técnicas que deben hacer seguimiento a este tipo de contratos", recalcó.
Finalmente, Krauss sostuvo que "el ministro Monckeberg debe entender que toda autoridad debe actuar conforme al ámbito normativo y las facultades que tiene. Todo se hizo de conformidad a la ley y al contrato que se tenía con esta empresa. La Dirección del Trabajo actuó conforme a derecho".
