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Defensoría del Contribuyente: Cómo funciona en otros países la institución propuesta por Piñera

El organismo existe en Colombia, España, Perú y México. El anuncio es parte de la modernización del sistema tributario del Gobierno.

23 de Agosto de 2018 | 09:35 | Por Valentina Osorio, Emol
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El Mercurio
SANTIAGO.- El anuncio de modernización del sistema tributario realizado por el Presidente Piñera trajo algunas novedades. Una que destacó fue la creación de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon).

Este organismo busca "velar por el respeto y observancia de los derechos del contribuyente en su relación con el Servicio de Impuestos Internos (SII)". El ente estará bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda.

"Sabemos que las pymes y muchas personas naturales no tienen las posibilidades de contratar asesores, abogados, tributaristas y contadores. Por eso, para poder apoyarlos y ayudarlos en su relación con el SII crearemos esta institución", explicó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Pero esta medida no es completamente novedosa, ya que existe en otros países del mundo hace años. La Confederación de Comercio y Producción (CPC) la propuso en febrero y dijeron que se basaron en los modelos de México, Colombia y Perú.

Los ejemplos de otros países

En Colombia existe la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero. Es un órgano especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Cuenta con tres sedes: Bogotá. Cali y Medellín.

Su propósito es garantizar "que la Entidad cumpla con lo establecido en las leyes tributarias, aduaneras y cambiarias; velando por que la administración no imponga cargas que no establece la Ley, y procurando que los ciudadanos reciban un tratamiento justo, equitativo, amable y respetuoso".

Las funciones de Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero se estructuraron en junio de 1999.

Mientras tanto, en México se llama Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La institución es autónoma y de forma gratuita "proporciona servicios de orientación, asesoría, consulta, representación legal y defensa contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes".

También "fomenta la cultura contributiva, realiza propuestas de modificaciones normativas y legales, identifica e investiga problemas sistémicos", entre otras funciones.

Desde 2011 tiene las puertas abiertas al público, cuando el Senado de México eligió a la primera Ombudsman (procuradora) fiscal del país, Diana Bernal, que en 2015 fue ratificada en el cargo y continua ejerciéndolo actualmente.

Según el diario mexicano El Sol de Toluca, la Procuraduría ha recibido 550 quejas en lo que va del año, la mayoría por la devolución de impuestos, también por inmovilización de cuentas bancarias y cancelación de sellos digitales.

En Perú existe la Oficina de Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. El organismo depende de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Es la encargada de procesar las quejas, reclamos y/o sugerencias de los contribuyentes, usuarios aduaneros y ciudadanos.

Busca "relevar la información necesaria para un adecuado conocimiento de la queja, reclamo o sugerencia, requiriendo la misma, de ser el caso, a los órganos involucrados con su atención".

Fuera de América Latina, España también cuenta con un organismo que depende del Ministro de Hacienda, el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

En 2009 fijaron su función: "velar por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atender las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen".

El Consejo está formado por 16 vocales nombrados por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda.

¿Chile imitará estos modelos?

Francisco Selamé, socio líder de Asesoría Legal y Tributaria de PwC Chile indicó que "no creo que se deba simplemente copiar un sistema como el mexicano. Lo importante es que funcione como un órgano que asegure el derecho a un debido proceso administrativo y judicial".

Sostiene que la institución debe ir enfocada "para contribuyentes que no tengan acceso a una asesoría tributaria efectiva y que tenga el poder suficiente para poder impugnar las interpretaciones o actuaciones del fisco que no le parezcan ajustadas a derecho".
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