SANTIAGO.- Hace algunos días, el Comité de Ministros decidió ratificar la aprobación para la construcción del centro de distribución El Peñón, de Walmart, que se ubicará en la comuna de San Bernardo, en medio del rechazo de la comunidad.
El proyecto, que tendrá una inversión de US$180 millones y contempla 2 mil puestos de trabajo, se dedicará a la recepción, almacenamiento y despacho de alimentos no perecibles, artículos para el hogar y electrónica, desde los proveedores a los distintos locales de Walmart a lo largo del país.
El rechazo de la comunidad a la construcción del centro El Peñón ha sido fuerte. De hecho, luego de que se aprobara, la alcaldesa de la comuna, Nora Cuevas, no dudó en manifestar que "aquí corrió plata" y que "no se explica de otra manera cómo se vulnera el uso del suelo, cómo se vulneran los derechos de nosotros como municipio".
¿Cuáles son la razones que sustentan el rechazo?
Desde la municipalidad señalaron distintos argumentos, siendo el principal el incorrecto uso del suelo en que se emplazará la edificación.
Según Cristopher Karamanoff, director de obras de la Municipalidad de San Bernardo, el uso del suelo se regula a través de los instrumentos de planificación territorial. En el caso de la zona en que se ubicará el centro, está regulada por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).
"Es un plano que determina dónde se pueden posicionar cierto tipo de actividades, por ejemplo, las agrícolas, las industriales inofensivas, las contaminantes, las peligrosas, las molestas, insalubres, etc.", explicó el director de obras.
En ese sentido, señaló que "hay un capítulo específico que determina dónde se pueden ubicar las industrias molestas y éstas solamente se pueden ubicar en las áreas que son determinadas dentro de la zonificación del PRMS".
Sobre esto, añadió que "sin embargo la Seremi de Vivienda igualmente determinó la aprobación en un área rural de este tipo de industria", la cual según explicó "está calificada como molesta y estaba así dentro del proceso de evaluación ambiental".
Karamanoff sostuvo que este y otros antecedentes fueron remitidos a la Seremi de Vivienda y también al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en el año 2016, cuando se manifestaron no conformes con la iniciativa.
"Se podría haber emplazado una industria inofensiva, ningún problema, porque el PRMS lo permite, pero superior a esa clasificación no podría haber estado ahí".
Cristopher Karamanoff, director de obras Municipalidad de San Bernardo
Además, el director de obras detalló otros aspectos que fundamentan el rechazo del proyecto. Uno de ellos, es que no se considerara a los habitantes de la comuna que viven cerca del sector donde se construirá el centro.
Por otro lado, a nivel de transporte, dudan de la cantidad de camiones que circularán, limitada por el Comité de Ministros a tres por hora, debido a la magnitud que tendrá el centro.
Por estos días la municipalidad afina los detalles para presentar los antecedentes a la Contraloría General de la República y, en forma paralela, recurrirán al Tribunal Ambiental, reiteró Karamanoff.
"Si la Contraloría resuelve que obviamente el seremi de Vivienda del Gobierno anterior no se ajustó a derecho en su pronunciamiento, significaría que yo puedo dejar nulo el permiso de edificación", explicó. En caso contrario, si el organismo lo ratifica, deberán esperar la resolución del Tribunal Ambiental.
El respaldo de los diputados de la UDI
El diputado gremialista de la zona, Jaime Bellolio, manifestó su rechazo al centro de distribución de Walmart en la misma línea que la municipalidad de San Bernardo.
"El seremi de Salud del Gobierno pasado calificó este proyecto como molesto y ese tipo de cuestiones las obviaron dentro del análisis del proyecto", afirmó Bellolio, indicando que el municipio presentó observaciones sobre temas de participación y de uso de suelo, pero que no fueron reparadas.
"Nos levantaba cierta suspicacia de decir 'mire, si se hubiese querido hacer en ese mismo lugar un proyecto de viviendas sociales no se habría aprobado con tanta facilidad'", dijo.
"Si ellos lo configuraran de una manera radicalmente distinta, alegaban que se les hacía no rentable (...) si tiene que reducirse a tal nivel para que sea aceptable para la comunidad, y para ellos no es rentable, entonces tendrían que buscar otras alternativas en otros lugares".
Jaime Bellolio, diputado UDI
Además, el diputado se refirió a la falta de participación ciudadana en el proceso. "Ellos dicen que la zona de impacto del proyecto solamente está del lado de la carretera hacia Calera de Tango y un poco atrás hacia San Bernardo, pero no hacia el otro lado de la carretera en que evidentemente es donde está la mayor cantidad de personas afectadas", a quienes "tampoco se les llamó a consulta ni a participación".
"A nosotros nos parece que son vicios en el origen que hacen que el proyecto tenga que ser radicalmente cambiado", afirmó Bellolio, ya que "porque por su tamaño y su magnitud produce muchos más problemas que beneficios para la comuna de San Bernardo y Calera de Tango".
En la misma línea, el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, manifestó su desacuerdo con la decisión del Comité de Ministros. "Creo que ahí hay un tema que tal como lo dijo la alcaldesa no fue del todo transparente", dijo Coloma, agregando que "esto ocurrió en el Gobierno anterior y hubiésemos querido al menos una revisión por parte de las nuevas autoridades".
Si bien destacó la importancia que tiene un proyecto y una inversión como la que implica la construcción de El Peñón, " en este caso y sobre todo en la forma en la cual se obtuvo el cambio de uso de suelo, no estoy de acuerdo".
Sobre la decisión del municipio de recurrir a la Contraloría y al Tribunal Ambiental, el diputado Coloma aseguró que la alcaldesa "tiene todo el derecho de recurrir hasta la última instancia para intentar frenar un proyecto que ella cree que no es bueno para su comuna".
