SANTIAGO.- El Gobierno decidió, por ahora, zanjar la discusión sobre la ley que regula la extracción de la jibia. Así, en medio de intensas manifestaciones por parte del mundo pesquero como rechazo al veto que había anunciado el Ejecutivo, el ministro José Ramón Valente logró poner "paños fríos" al conflicto, pero que sólo le bajaron la temperatura a los ánimos de uno de los dos sectores que han protagonizado la llamada "guerra".
Fue un proceso "duro", según reconoció una alta fuente que participó en las negociaciones. Pero añade que "era de esperarse", pues no es una discusión nueva. De hecho, desde que en 2014 los diputados Víctor Torres (DC) y Daniel Núñez (PC) ingresaron al Parlamento la iniciativa vía moción parlamentaria, distintas voces de la industria y de la política se mostraron contrarias.
Sin embargo, en diciembre el Senado aprobó y despachó el proyecto de ley que declara ilegal la pesca de la jibia a través del sistema de arrastre y permite sólo atraparla por medio de técnicas artesanales como la "potera" o "línea de mano".
Fue en ese entonces, cuando el mismo subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, señaló: "Éste es un proyecto inconstitucional, porque lo que hace es, de algún modo, limitar las atribuciones que tiene la administración pública para determinar los artes de pesca".
Sus palabras fueron recibidas de mala forma por el sector artesanal, ya que dejaba entrever que el Gobierno tenía la intención de recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que la ley fuera ratificada por la Cámara.
Fue así que el ocho de enero, después de que los diputados aprobaran por amplia mayoría la iniciativa -115 votos a favor, dos en contra y 11 abstenciones-, los pescadores artesanales iniciaron inmediatamente a manifestarse por la posibilidad de que el Ejecutivo fuera al TC y, por su parte, los industriales lo hacían porque la ley perjudica directamente su trabajo.
"Somos partidarios del proyecto de ley tal y como fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado y lamentamos que el Gobierno haya tomado una decisión de generar un veto en torno a este proyecto de ley"
Francisco Chahuán, senador Renovación Nacional
Sin embargo, después de una semana de disturbios, el ministro de Economía, José Ramón Valente, anunció que el Ejecutivo no buscaría objetar la eliminación del arrastre como método de pesca de la jibia y que, en vez de eso, presentaría un veto presidencial que incorporaría el sistema de "cerco" como otra arte de pesca permitida por la legislación y, así, dale una alternativa a los industriales.
Anuncio que cuestionaron parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo.
La subida de tono
Diferente a lo que podría haber pensado el Gobierno en ese entonces, el anuncio del veto no fue bien recibido por ningún sector. Por ello, más allá de la ley y su aprobación, el Ejecutivo se tuvo que enfrentar a una nueva polémica.
Mientras artesanales repudiaban la medida, industriales aseguraban que el sistema de cerco no es una alternativa viable, ya que "es aún más dañina para el consumo humano porque con el cerco se deteriora la especie de la jibia".
Así, tras una reunión el pasado viernes entre industriales, el ministro Valente y el subsecretario de Pesca, los dirigentes se retiraron molestos y advirtieron que "aunque el ministro no cierra las posibilidades de una nueva ley, sabemos que es muy difícil en el Parlamento que volvamos a poder tener una opción con nuestras redes".
Tras la misma cita, Valente fue claro y contó que en la instancia "les explicamos que la ley establece que no se va a permitir la pesca con arrastre de la jibia, pero todas las leyes son sujetas de evaluación en el tiempo".
Pero el lunes, el subsecretario Riquelme viajó a la Región del Biobío para conversar con los dirigentes del sector artesanal y a la salida declaró que el tema era una "noticia en desarrollo" y que "en los próximos días el Gobierno va a dar a conocer cuál es la decisión que tomó".
Por su parte, los artesanales rayaron la cancha y dijeron que a Riquelme y al Ejecutivo "nosotros le entregamos un plazo límite de miércoles a mediodía para que retire el anuncio, porque todavía no ingresa el veto".
Y así fue. Pese al anuncio del veto, finalmente el Gobierno no lo ingresó en la fecha que había dicho (el martes) y, en vez de ello, convocó a una mesa de trabajo con ambos sectores de la industria jibiera.
La última reunión y el quiebre de la mesa
En las dependencias del Ministerio de Economía, industriales y artesanales se sentaron a la mesa con el Gobierno. Fue una cita polémica desde sus inicios, ya que diversos dirigentes se molestaron ante la presencia de la prensa y se negaron a ser grabados o fotografiados al inicio de la reunión.
No había pasado ni una hora de conversación cuando los industriales se retiraron indignados. "La mesa no es de nuestra injerencia, aquí se está discutiendo un tema que tiene que ver con aplicar o no aplicar un veto a una ley que a nosotros no nos sirve y, por ende, el veto tampoco da satisfacción a nuestras demandadas”, dijo Juan Carlos González, presidente del sindicato interempresas de Capitanes de Pesca de la Región del Biobío.
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"Nosotros nos negamos a eso. Nos paramos de esta mesa y nos retiramos porque consideramos que hemos sido prácticamente utilizados (...) ¿Qué estamos haciendo ahí nosotros si nuestra demanda es completamente distinta? El ministro acaba de confirmar que la ley está aprobada y la ley nos deja a nosotros en un pésimo estado. ¿Cómo vamos a permanecer nosotros sentados ahí?", increpaba el dirigente mientras esperaba el ascensor.
Por último, González anticipó: "El sector artesanal hoy día estará celebrando, porque es posible que más rato destapen sus botellas de champagne". Así, pasados unos minutos, pescadores artesanales salieron de la sala vociferando: "Logramos un triunfo histórico para la pesca artesanal".
A ello, le siguieron las declaraciones del ministro Valente: "Hemos concluido que el veto que el Gobierno quería presentar se hace innecesario en la medida que acordemos perfeccionamientos a la ley actual, que van más allá de las materias que consideraba este veto".
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Y aunque no especificó que el Gobierno preparará una ley corta, sí mencionó que "los dirigentes de la pesca artesanal están de acuerdo con que efectivamente se requieren perfeccionamientos y están de acuerdo en sentarse en la mesa, delinear esos perfeccionamientos y enviar los cambios legales necesarios en marzo".
Por ahora, industriales afirmaron que conversarán con sus bases y que, en caso de que el Gobierno no gestione una plataforma socioeconómica que los proteja tras la promulgación de la ley, "nos volveremos a movilizar".
